Un ejemplo más de mal manejo administrativo de los fondos públicos ha sido evidenciado por un informe del TSC publicado esta semana por Diario EL HERALDO. Se trata del “Informe número 001-2018-FDP Auditoría integral: financiera, cumplimiento legal y de desempeño en la ejecución del proyecto fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil, BID2743BL/HO, que cubrió el período 2013 al 2017”.
La auditoría evaluó la eficacia y economicidad en la ejecución de los recursos financieros del programa (...) y si los mismos contribuyeron a alcanzar los beneficios esperados. El monto de los recursos examinados ascendió a 672.4 millones de lempiras.
Los resultados de la auditoría realmente no sorprenden. Los recursos no fueron utilizados como se debía y, por ende, tampoco los resultados fueron los proyectados. Hubo modificaciones presupuestarias, incluso un traslado presupuestario de 11 millones de lempiras que se ejecutó en un solo día: el 9 de agosto de 2014. Se identificaron también traslados presupuestarios del proyecto BID 2743BL/HO hacia otros programas por el orden de 66.2 millones de lempiras, lo que implicaba que el proyecto contaba con disponibilidad de espacio presupuestario por actividades y programas a ejecutar, pero que no se ejecutaron. Se detectaron problemas en el diseño de planos arquitectónicos para la remodelación y construcción de varios hospitales, lo que provocó incrementos por el orden de 5.2 millones de lempiras en los costos originales de los contratos de remodelación y construcción.
Los afectados: la población beneficiaria.
La conclusión: un ejemplo más del desorden que prevalece en la administración pública, y principalmente del nombramiento de personal que no entiende de administración de fondos que son del pueblo (pero si de política partidista), desde los cuales se debe garantizar una administración transparente y eficiente de los mismos, pues los beneficiarios de estos proyectos son los menos favorecidos de la sociedad.
El informe del TSC queda expuesto al público y a la espera de que los organismos competentes lo tomen y apliquen las sanciones de ley que correspondan.
