Honduras tiene en la lucha contra la corrupción y la impunidad uno de sus principales retos en 2019.
Una meta alta, pero alcanzable; una meta a la que tienen que apostarle todos los operadores de justicia, quienes tienen la obligación de actuar enmarcados en las leyes y aplicar las mismas a quienes resulten responsables de dilapidar los fondos públicos, sin importar el color político al que pertenezcan.
Las autoridades están obligadas a sentar las bases para revertir los injustificables índices de pobreza de su población, ya que no es posible que a estas alturas del siglo XXI el 64% de la población siga viviendo en pobreza y un 40% de ellos en pobreza extrema.
Hay que asegurar la estabilidad jurídica que demandan los empresarios para atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para generar los empleos de calidad que demanda la población.
Es inadmisible que el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) esté en el subempleo invisible, percibiendo ingresos insuficientes para sostenerse y sostener a su familia.
Se deben sentar las bases para poner al sistema educativo en los niveles competitivos que demandan los tiempos actuales y, al mismo tiempo, construir un sistema sanitario donde se atienda con dignidad a los ciudadanos.
Los políticos tienen que deponer de una vez por todas sus intereses personales y de grupo, y crear los espacios en los que se alcancen los consensos que pongan fin a sus diferencias, y se sienten las bases de una legislación que asegure procesos electorales transparentes de los que emanen gobiernos con un amplio respaldo popular. Fortalecer el agro, continuar mejorando la infraestructura vial, impulsar el deporte en todas sus ramas (no solo el fútbol), así como el arte y la cultura.
Los retos son grandes, pero deben asumirse con responsabilidad. El país no puede darse el lujo de estar expulsando a su principal activo, sus ciudadanos, porque no les genera las oportunidades de desarrollo que requieren.
