El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asume el poder con un muy alto grado de aceptación ciudadana, ofreciendo darle un giro positivo al rumbo de su país, prometiendo implementar medidas políticas, económicas, jurídicas y éticas que permitirán el reencuentro de sus habitantes con sus autoridades.
Además de hacer frente a males endémicos: corrupción, impunidad, violencia, relaciones con Estados Unidos, también debe encarar la presencia en territorio mexicano de más de 7,000 migrantes del Triángulo Norte, esperando ser eventualmente admitidos en la Unión Americana, si sus solicitudes de asilo son aceptadas. Una larga espera les aguarda y urge insertarlos en el mercado laboral mexicano, tanto para generar ingresos propios como para mantener viva su autoestima. La desesperanza y frustración justificadas pueden ser evitadas. Debe recordarse que el tema migratorio, complejo, cada vez más acuciante, posee implicaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de seguridad y derechos humanos, tanto para las naciones de procedencia como para los anfitriones. Así como México pide a Estados Unidos respeto y trato justo a sus migrantes, igualmente Guatemala, El Salvador y Honduras pueden y deben solicitar igual comportamiento oficial para los suyos. El enfoque tradicional que los percibe unilateralmente como fuente de envío de remesas y como votantes en los torneos electorales debe ser ampliado para abarcar otros aspectos relacionados con el desarrollo humano tan importantes o más que los primeros. Es un hecho que no habrá más renovaciones del TPS por parte de Washington, consecuentemente urgen otros enfoques, holísticos y de mediano y largo plazo. Entretanto, el éxodo no se detiene, incorporándose nuevas caravanas en un periplo desesperante indicativo de las cada vez más reducidas oportunidades en sus países de origen. No olvidemos que hay migrantes desaparecidos, heridos, enfermos, recién deportados. Las perspectivas son poco favorables y el fin de la gran ilusión está próximo.
