La Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) ha anunciado la contratación de 35,000 personas para la actualización de los datos de los hondureños. Este es uno de los primeros pasos que se dan en el proceso de creación de un nuevo sistema de identificación de los hondureños y hondureñas.
Paralelamente, desde el Congreso Nacional se está hablando de iniciar lo más pronto posible una licitación pública internacional para la emisión de una nueva tarjeta de identidad, que es una de las cuatro líneas de acción de la junta interventora del organismo. Se ha informado que ya hay fondos disponibles para la financiación del proyecto. Desde la Unión Europea llegarían 20 millones de euros, unos 600 millones de lempiras, más 10 millones de lempiras de fondos nacionales, para tal fin. Con todo sobre la mesa, queda esperar que la clase política representada en el Congreso Nacional y en la alta administración del Estado actúe con la debida diligencia y transparencia que demanda la ciudadanía. Que esa clase política se haga a un lado y deje que sean los especialistas en el tema los que manejen el proceso para garantizar así su pureza y transparencia. Que no metan sus manos en la contratación de las personas que se encargarán de la actualización de datos y que esas personas sean capacitadas debidamente para que el trabajo que realicen sea eminentemente técnico.
Debe garantizarse, además, que a la empresa que se entregue la licitación debe tener un reconocimiento internacional, que cumpla con todos los requerimientos legales, técnicos, científicos y tecnológicos que demandan los tiempos modernos. No más empresas de maletín. Este proceso no debe generar ninguna duda entre la ciudadanía. Debe ser un proceso sin manchas, sin máculas. Los políticos deben entender de una vez por todas que el Registro Nacional de las Personas no es un organismo electorero, sino la institución de seguridad nacional encargada de garantizar a cada ciudadano su derecho a una identidad, es decir a un nombre y apellido, a una nacionalidad, a una identidad, a ser parte de un grupo cultural, a ser sujetos de derechos y obligaciones; que su documento de identificación no solo sirve para ejercer el sufragio cada cuatro años.
