Editorial

Urge investigación de masacres

El fin de semana la ciudadanía se llevó una desagradable sorpresa: otros cuatro jóvenes, dos de ellos estudiantes, fueron asesinados por hombres fuertemente armados que vestían uniformes similares a los de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según se supo, esos hombres simularon una operación policial para sacar a sus víctimas del lugar donde departían bebidas alcohólicas, colocarlos frente a un muro para luego dispararles con sus armas automáticas. Las víctimas tenían 15, 16, 24 y 28 años de edad.

Este es el segundo hecho sangriento que en un período de 15 días se registra en la capital bajo el mismo patrón. El otro caso es el de los dos estudiantes del Instituto Técnico Honduras (ITH), que fueron sacados de una vivienda por supuestos miembros de la ATIC (policía de investigación criminal del Ministerio Público) para más tarde ser cruelmente torturados y asesinados y sus cuerpos botados en La Montañita, la misma que en la década de los años 80 sirvió para tirar los cadáveres de algunos opositores políticos al régimen de ese tiempo.

Como sucede siempre, los portavoces policiales dijeron que estaban investigando las causas del hecho y tratando de identificar a los hechores. Pero eso no basta.

Urge que el presidente Juan Orlando Hernández y su gabinete de Seguridad exijan a sus subalternos los resultados de esas investigaciones, sin dilaciones. Que no medien las excusas, pues se supone que el país está invirtiendo millones de lempiras en la capacitación y profesionalización de las nuevas policías, y que estas cuentan con todas las herramientas técnicas y tecnológicas; el equipo y el personal debidamente preparado para realizar este tipo de trabajos.

Deben demandar explicaciones del porqué no han identificado a las personas que integran esos grupos delincuenciales y que utilizan impunemente el uniforme policial para cometer sus fechorías.

Las familias de las víctimas y los hondureños demandan esta y otras respuestas y las autoridades están obligadas a darlas, porque será hasta que se comiencen a ver esos resultados que se podrá salir a decir que la lucha contra la criminalidad ha sido efectiva y que valió la pena la inversión de buena parte del presupuesto nacional en temas de seguridad en detrimento de la salud y la educación.