En un Estado de derecho es inconcebible que hombres armados anden por las calles, vestidos de policías, aplicando las leyes con sus propias manos. Además, es inconcebible que, a estas alturas del siglo XXI, se hable de la existencia de escuadrones de la muerte o escuadrones de limpieza social para sacar del medio a supuestos opositores políticos.
Esta es la razón por la cual urge que las policías de Honduras (más de cinco) salgan al paso de denuncias que involucran a sus miembros en actos reñidos con la ley, tal es el caso del asesinato de dos estudiantes del Instituto Técnico Honduras, que la semana pasada fueron sacados de la casa de uno de ellos por supuestos miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y , horas más tarde, aparecieron muertos en un sector alejado de la capital hondureña, con evidentes signos de tortura, según información proporcionada por fuentes allegadas a la investigación a diario EL HERALDO.
Frente a estos hechos, no basta con que las autoridades policiales salgan y digan que los hombres que se llevaron a los estudiantes no forman parte de sus filas y que los miembros de sus fuerzas armadas son altamente profesionales y actúan igual. No basta que nieguen la existencia de los escuadrones de la muerte que ha denunciado el expresidente Manuel Zelaya y que anuncien la conformación de equipos especiales de investigación (de los que generalmente nunca se conocen los resultados). No basta que nos digan que un grupo criminal fue el responsable de la ejecución de los jóvenes. No.
El gobierno hondureño, el presidente Juan Orlando Hernández, la cúpula policial y militar están obligados a investigar inmediatamente que pasó con los estudiantes, quienes son los responsables de su cruel asesinato, y se proceda a su castigo, y que a la par se investiguen otros casos similares ocurridos en el pasado reciente, tal el caso de la jefe de la ATIC en Santa Rosa de Copán.
Ellos tienen todas las herramientas tecnológicas y de investigación necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales, y están obligados a dar al país una respuesta basada en pruebas científicas lo más pronto posible. El país no puede darse el lujo de que sigan dándose estas violaciones a los derechos humanos frente a la pasividad de sus autoridades. No más impunidad.
