La jueza Lidia Álvarez Sagastume determinó ayer mandar a prisión a 19 de las 38 personas acusadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la malversación de más de 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG). Entre los acusados se encuentran los diputados nacionalistas Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas; el liberal Elvín Ernesto Santos, así como 16 funcionarios y exfuncionarios públicos que según las investigaciones del Ministerio Público formaban parte de la red que utilizó dos fundaciones privadas para drenar fondos públicos para el pago de campañas políticas del Partido Nacional (en el poder), el Partido Liberal y el Frente Amplio fundado por el actual embajador hondureño en Cuba y defensor de los derechos humanos, Andrés Pavón. La decisión se tomó en la audiencia inicial del mediático juicio a la que se presentaron 20 de los señalados en el requerimiento. Ellos son acusados del delito de lavado de activos, que no admite medidas alternas o sustitutivas a la prisión preventiva. Solo se concedió arresto a una mujer que tiene 20 días de haber dado a luz a su hijo. La audiencia inicial se fijo para el día 25 de julio, cuando se determinará si a los acusados se les dicta un acto de formal procesamiento o un sobreseimiento definitivo. Pero mientras ese día llega, los organismos y sectores de la lucha contra la corrupción y la impunidad aplauden la determinación de la jueza. Es una decisión que abre las esperanzas de que la justicia tocará a todos por igual, sin importar su condición social o económica.
En estos momentos la sociedad aspira a que en este, como en muchos otros casos, las denuncias del Ministerio Público sean sustentadas con pruebas irrefutables de los actos dolosos que habrían cometido los acusados. También que a los imputados -no importando su condición económica y social- se les garantice el debido proceso y el respeto a sus garantías constitucionales, y que no se obstruyan bajo ninguna circunstancia los procesos de impartición de justicia. Es en este contexto, Pandora se presenta como una oportunidad histórica, una esperanza para decirles ya basta de corrupción a quienes aspiran llegar al poder para robar los pocos recursos públicos.
