El tiroteo contra una unidad de transporte de la capital, perpetrado este martes 13 por sujetos que se conducían en motocicleta y en el que una pasajera perdió la vida, evidencia una vez más la indefensión en que sigue inmerso este rubro azotado por la criminalidad.
En el hecho, el motorista –que se supone era el blanco del ataque- resultó herido, pero afortunadamente pudo conducir el rapidito hasta detenerse frente al Hospital San Felipe, evitando un desastre mayor para el resto de usuarios, transeúntes y demás conductores que circulaban por el concurrido bulevar Los Próceres.
Ese mismo día los transportistas de Valle de Ángeles y Santa Lucía pararon sus unidades a raíz de un asalto ocurrido la víspera y en el que un pasajero resultó herido de bala.
La inseguridad en el transporte a causa de la delincuencia común y organizada es un problema ante el que se han planteado una serie de medidas, como botones de pánico y cámaras de vigilancia, que nada más han quedado en intenciones. En enero, las autoridades anunciaron la adquisición de 300 buses traídos de México que, además de los dispositivos anteriores, tendrán un sistema de posicionamiento global (GPS) y de los cuales se esperan las primeras cien unidades en mayo próximo. Mientras tanto, las acciones de las autoridades ante la violencia en este rubro, si es que las hay, continúan siendo insuficientes.
La extorsión sigue en su apogeo y es la causa de ataques contra los bienes y la vida de los transportistas. Los logros que se han podido obtener no logran devolverle la tranquilidad a este sector ni a los usuarios.
El problema “sigue igual, esto no ha cambiado en nada”, dijo hace unas semanas un dirigente del transporte que aseguró que por cada unidad pagan a la semana entre 700 y 1,500 lempiras a los extorsionadores. Pero no solo refleja las fallas de los entes de seguridad sino la falta de organización de los mismos transportistas para enfrentar de forma articulada con las autoridades ese flagelo con el que dotan de importantes recursos al crimen organizado.
La violencia en el transporte público no debe ser vista como parte de la vida cotidiana ni por los usuarios ni por los transportistas, mucho menos por las autoridades que tienen la obligación de dar respuestas contundentes y efectivas.
