Entre las consecuencias nefastas de la profunda corrupción policial, también debe incluirse la crisis de credibilidad institucional y la pérdida de confianza ciudadana respecto a su razón de existir: '…velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes… con estricto respeto a los derechos humanos', tal como lo establece la Ley Orgánica de la Policía en su artículo 10.
Los agentes y oficiales honestos, dedicados al cumplimiento de sus funciones y deberes, se han llamado a silencio -que se torna cómplice- al ser intimidados por sus colegas deshonestos para que no denuncien los hechos ilegales por estos perpetrados.
Incluso al interior de la fuerza policial priva el temor, la suspicacia y el desaliento profesional ante la magnitud de los sistemáticos actos corruptos que la han contaminado y deformado. La moral y el sentido del compromiso para con sus compatriotas han sufrido un golpe que sin duda está afectando el normal comportamiento de sus integrantes apegados a sus normas legales.
Recuperar esa legitimidad no será fácil, ya que en tanto no se realice una depuración completa que incluya tanto a los agentes, mandos intermedios y superiores, los gérmenes del mal podrán continuar contaminando a más personal hasta ahora inmune a las siempre presentes tentaciones del enriquecimiento rápido e ilícito.
Además de la urgente depuración también deben revisarse las normas y criterios de reclutamiento así como la permanente profesionalización, transparencia y rendimiento de cuentas, y la permanente subordinación al poder civil y a las leyes.
Dos respetados profesionales del derecho, Leo Valladares Lanza, excomisionado de los Derechos Humanos, y German Leitzelar, actual diputado, han advertido de los peligros inminentes que se ciernen sobre la democracia y la gobernabilidad. El primero ha declarado: 'El sistema está a prueba… si falla en limpiar la Policía Nacional, vendrá el caos y del caos solo se sale con la imposición del más fuerte…', en tanto el segundo recuerda que 'un Estado sin tener control de los órganos de fuerza no es un Estado que pueda controlar la ley, ni el orden público ni la paz… el asunto de la Policía no es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado'.
Así, entre más se demore, o peor aún, se intente continuar con la política de más de lo mismo, aplicando en el mejor de los casos medidas cosméticas, esta problemática puntual continuará agravándose y deteriorándose aun más, con consecuencias imprevisibles.
