El segundo encuentro, el viernes pasado, del presidente Lobo y representantes de diversos sectores nacionales en vez de encaminarse hacia un consenso, más bien amplió y profundizó los cuestionamientos en contra del proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones propuestas por el gobierno.
Y es que hasta sectores que previamente habían elogiado la polémica propuesta, incluyendo funcionarios gubernamentales, el pasado viernes se sumaron al rechazo, reconociendo que la descabellada iniciativa atenta contra la Constitucion, tratados y otras leyes nacionales e internacionales.
El punto es que tal y como está concebida la propuesta de ley, una fusión de la presentada por la ONG, C-Libre y el propio Poder Ejecutivo, tiene como propósito último controlar a los medios de comunicación independientes, algo solo propio en los regímenes dictatoriales.
Y esta conclusión no es producto de la paranoia, de la oposición o de la animadversión hacia el gobierno actual, ni siquiera solo de la iniciativa de ley mencionada. Es que ésta forma parte de toda una campaña para debilitar, amedrentar y someter al periodismo independiente, incluyendo ataques verbales de los propios titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que, en un fallido intento por ocultar sus propias incapacidades, pretenden culpar por los efectos negativos de la crisis a los medios de comunicación, sin ocultar su deseo de que no se informe sobre la dura realidad que vive el país.
Esperemos que la comisión creada el mismo viernes por el presidente Lobo para recibir y procesar las distintas observaciones, críticas y propuestas, cumpla con las expectativas de incluir en la iniciativa de ley que posteriormente se presentará al Poder Legislativo todos los cambios necesarios para eliminarle todo aquello que contrarie las leyes nacionales e internacionales y que busque darle al Estado el poder de controlar al periodismo independientes.
Por lo pronto, lo plausible es que los representantes de diversos sectores de la hondureñidad están en estado de alerta ante la abierta intención oficial para callar y manipular a los medios de comunicación.
