Una de las consignas del gran capital en la época de la globalización es el llamado Estado de derecho. No hay inversión si no hay Estado de derecho, dicen los burócratas privados, pero los defensores de este concepto se refieren básicamente a la entrega de los recursos naturales al capital nacional y extranjero y a la flexibilización laboral.
Un caso dramático ocurre en Honduras; en un acto deleznable del gobernante Juan Orlando Hernández ordenó la parcelación del territorio hondureño, otorgándolo al capital extranjero, las llamadas ZEDE, mismas que, de acuerdo con la normativa, funcionarían con todas las prerrogativas que tiene un Estado.
Una especie de Estado en otro Estado.Una vez que en la presente administración, en un acto de rectificación, se deroga la ley de entrega de la soberanía, saltan algunas de las empresas instaladas con amenazas draconianas. Una de esas empresas, denominadas Próspera, ha anunciado demandas millonarias por la osadía que ha tenido el Estado hondureño de reclamar lo que soberanamente le corresponde. Esa empresa ha anunciado que demandará al Estado hondureño por la cantidad de 10,775 millones de dólares, según ellos por daños y perjuicios.
No obstante, según los administradores de la empresa, sus inversiones hasta ahora no han llegado ni siquiera a 100 millones, cuestión que ni el gobierno hondureño puede verificar. De prosperar una demanda de esta naturaleza, estaríamos frente a un asalto, con dimensiones internacionales, en una situación en que el Estado de Honduras podría desaparecer.
En otro extremo ya señalado, los trabajadores, en aras de mantener su fuente de trabajo deben aceptar los salarios que ofrece la empresa. En esta modalidad de flexibilización, la movilidad laboral no se refiere al ascenso social, como era normal en los años del Estado de bienestar, por el contrario, implica que el trabajador debe ajustarse a la actividad que le asigne el patrono, se puede aumentar o disminuir la planilla de trabajadores, sin mayores costos para el empleador; en este caso, los ejemplos se dan en subcontrataciones y despidos temporales, se puede modificar la jornada laboral, así como cambios de lugar de trabajo.
En el caso de Honduras, es sorprendente que el mismo Estado, a través de algunas alcaldías municipales, subarrienda a activistas políticos algunas labores de mantenimiento, pagando salarios bajos a los trabajadores contratados, y negándoseles todos los derechos a los trabajadores, incluso salario mínimo.
Cuando se defiende el Estado de derecho, desde los grandes empresarios, no se refiere a los millones de desempleados, subempleados y empleados con baja remuneración; tampoco se refiere a la falta de servicios públicos o a actos de corrupción con altos niveles de impunidad, se refieren a las garantías que el Estado, sobre todo los estados empobrecidos de los países subdesarrollados, deben proporcionar a las grandes empresas.
Basta con ilustrar que uno de los teóricos de la teoría del Estado de derecho es Hayek, quien consideraba que hay “seres carentes de valor” para concluir que los seres económicamente inútiles no merecen vivir.
