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Un juicio y un país que se dilata

Atrás quedaron las corbatas de seda y los impecables trajes de corte perfecto que se lucían en los desfiles de la corrupción y el narcotráfico. Ahora el señor mostraba su uniforme curtido, frente al juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien, con la frialdad de la justicia, martillaba otro plazo para fijar el 24 de abril de 2023, la fecha del juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, luego que la Fiscalía y la defensa solicitaron el cambio para tener más tiempo para analizar las voluminosas pruebas del caso, que sacudía todos los estamentos políticos y jurídicos de Honduras.

Un juicio de alargamiento contra Hernández, previsto para el 17 de enero de 2023, daría inicio justo un año después de ser enviado al Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, donde actualmente guarda prisión, después de ser extraditado en las cadenas de la conciencia que este hombre arrastró con todo un país.

Este nuevo aplazamiento del juicio, para que la defensa revise la enorme tarea de los medios probatorios contra el señor, que serán presentados por los fiscales, con el fin de que la defensa pueda evaluar si se debe presentar cualquier antejuicio o mociones para despejar el tortuoso camino que decidió recorrer este hombre frente a su destino.

El Departamento de Justicia especificó que hay “voluminosos materiales de descubrimiento para la defensa”; además, anticipó que completará sus producciones de descubrimiento hasta la fecha del juicio, incluyendo materiales “potencialmente clasificados”, documentos confidenciales que pueden ser pruebas contundentes contra Hernández, adicionales a otras que se encuentran bajo reserva, para destaparlas el día del juicio final, como en una crucifixión bíblica donde Honduras termine de hundirse con la clase política y empresarial que pueda salir salpicada en ese Apocalipsis de corrupción y muerte.

Por eso es la secretividad de la certeza que será presentada durante el juicio, que se incluye la transcripción de intervenciones telefónicas, que contienen, entre otras cosas, unas conversaciones que esparcen delitos por todos lados en este laberinto de evidencias que datan de hace nueve años, cuando el hombre gobernaba con “puño firme”, como decía el eslogan de Porfirio Lobo: el líder que lo encaminó al poder absoluto de la nación. El señor Hernández, ante tantos libros y documentos de certidumbres que le presentó la Fiscalía, tendrá todo el tiempo del mundo, y como todo abogado, no se abrumará para leer y estudiar cada detalle que lo inculpa de sus doce años de dictadura, mismos que construyó palmo a palmo con sus secuaces que lo han abandonado, como en un naufragio, donde primero saltan las ratas del barco de la codicia infame de la corrupción, cargado de drogas a escala espectacular.

Hoy Hernández, acostumbrados a utilizar su poder político para esquivar a la Justicia y con evidente complicidad judicial, amparado por sus fueros y privilegios que no tiene en Nueva York, pero con la artimaña de dilatar el juicio por diferentes motivos, dilaciones jurídicas, a los tiempos procesales, con artificios tan simplistas como el cargador de una computadora o los audífonos de baja calidad que les proporcionan para escuchar el tribunal, acciones que rayan en lo risible que retrasan cada vez más la sentencia.

Esta cronología demorada es una estrategia de fondo y forma, que esperamos que, a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), también pueda usar este tiempo sin dilatación para investigar a quienes estaban detrás de ese monumento criminal de influencias para facilitar el traslado de drogas, en un ascenso de maniobras de corrupción dentro de un Estado de derecho en calamidad, dilatado por otros delincuentes que hicieron de este país una “caleta” para esconder sus fortunas y culpas.