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En la Ley de la Junta Nominadora quedaron aprobados más requisitos para sus integrantes que para los nominados. Cualquiera puede aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no así sus evaluadores, pues deberán ser modelos de virtuosidad, más próximos al ideal.

En ellos recae el débito de cambiar la vía sinuosa por la que parece pretenden seguir imponiendo, poderes políticos y fácticos, la titularidad del Poder Judicial. Significa que dependemos de la Junta Nominadora a conformarse, para que la impartición de justicia pueda ser la variable determinante en la recuperación del Estado de derecho. Porque en eso sí coincidimos todos los sectores, aunque varíe el ángulo óptico: nuestro Estado de derecho es ilusorio, pero lo ha sido desde siempre.

Las garantías constitucionales eran hace décadas, como ahora, ilusorias, tal lo consignara un destacado jurisconsulto hondureño, creo, el padre del abogado Rodil Rivera Rodil. Solo podemos esperar de la Junta Nominadora sabiduría, ética y determinación. Determinación para imponer los intereses de Honduras por sobre los numerosos que insistirán en influirles y lograr para “sus” abogados el que sean “sus” magistrados.

Tarea titánica que solo con voluntad firme y fervor patrio podrán realizar a cabalidad. Hay inquietudes, si solo iban a calificar y a sumar, no se necesitaba semejante idoneidad en los miembros de la Junta Nominadora: 7 ciudadanos X y una calculadora hubieran bastado.

Aunque como quedó la ley no da margen a agudas valoraciones, estos patriotas tendrán que aplicar discernimiento, y con su discrecionalidad identificar a quienes presenten conflicto de intereses.

Para eso estarán, para con valentía excluir a quienes deban excluir, porque representen amenaza a la correcta impartición de justicia.