La irrupción de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el Congreso Nacional por orden del Fiscal General para el secuestro de documentos de potenciales actos de corrupción debiera ser apreciada.
Si una ley secundaria se sobrepuso sobre la norma constitucional que lo prohíbe, puede rectificarse, se rectificó, al conceder 72 horas para que sea entregada la información requerida. Debemos exigir estricto apego a la ley, como vía de protección de los derechos ciudadanos y de la institucionalidad y fijar la vista en el objetivo del Ministerio Público, la persecución del delito y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
El marketing del Poder Legislativo condiciona la opinión pública en que fue por los casos y expedientes formados por la MACCIH. Las erogaciones, algunas sin liquidación en la compradera de conciencias, van a ser vistas por acuciosos fiscales. Prueba para el fiscal Zelaya es si va a realizar persecución penal sobre esos casos. Este intento de secuestro tiene dos ángulos: la Legalidad y la legitimidad.
Desde la Legalidad: El Poder Legislativo es autónomo. ¿Se requería orden judicial?, ¿se respetaron los procedimientos legales? El Ministerio Público tiene la facultad de buscar evidencias y de investigar acciones delictivas, el secuestro de documentos incluido.
¿Se violó la garantía de protección al palacio legislativo? Creemos que no fue respaldada como debiera por juez competente si después aparece como rectificación el plazo de 72 horas. Desde la Legitimidad: ¿era para investigar corrupción?, ¿hubo uso proporcional de la fuerza?
La detención de personeros por obstrucción a la justicia vuelve más certera la creencia de que no era solo documentación del pasado, la requerida. La legalidad vería a la observancia de los procedimientos legales, que de no haber sido cumplidos pueden ser subsanados.
Y la Legitimidad, a la justificación para la acción. Fiscal Zelaya, persiga el delito en el marco de la ley. Legalidad y legitimidad sean su aval.
