Columnistas

A las 4:00 AM soñó que subía unas escaleras de madera. Era oscuro y un abismo se separaba de su realidad. Un sueño intranquilo la asfixiaba y despertó. Así iniciaba Honduras cada mañana: abrumada y certera, así como es la vida en este país.

Se fue a trabajar, y nunca regresó a casa. ¿Se ahogaría en las promesas de amor de las redes sociales?, ¿sería secuestrada por el crimen que «normaliza» las relaciones personales?, ¿habrá sido una víctima más de la trata de personas?, ¿habría sido obligada a ejercer la prostitución? o ¿ya solo era una cruz olvidada en algún camino de su historia?

Un padre nuestro atragantaba la garganta escurrida de sus familiares que esperaban noticias, pero las únicas que llegaban era que más de tres mil mujeres han desaparecido en el territorio hondureño desde 2009, alertaba el Foro de Mujeres por la Vida, una plataforma feminista que aglutina a diecisiete organizaciones.

Anualmente, más de quinientas mujeres desaparecen en el país, aunque son cifras no exactas, porque no todos los casos se registran por las organizaciones del Estado, que también tiende a desaparecer por su inoperancia y por su falta de dispositivos para rastreo, sin las herramientas jurídicas e institucionales para prevenir, investigar y sancionar, ya que falta tecnología y personal que trabaje solo en archivar estos casos. Hoy tenemos a un Estado paralítico frente a estos escenarios, visto que aún no tiene una política pública para atender la impunidad con que se teje este grave delito contra las niñas y mujeres.

Por esto y más, hace falta el fortalecimiento de los aparatos de justicia. La lucha a la trata de personas requiere un marco jurídico integral, enérgico y fortalecido por las políticas públicas a las víctimas de este delito y, con ello, cumplir cabalmente con sus derechos fundamentales para aplacar los resultados que dejan las deficiencias estructurales de la economía y la política de la nación, que no logra garantizar a plenitud los derechos humanos, un delito propiciado por la debilidad e ineficiencia institucional que ha mantenido a las personas sin ejercer sus derechos mínimos a la educación y a la salud. La trata de personas es un crimen de lesa humanidad, y se debe concebir que la trata es un delito propiciado por circunstancias de pobreza, violencia, inseguridad y desigualdad social, que obligan a las personas a desplazarse, colocándose en condiciones de vulnerabilidad, como presa fácil para el crimen organizado y el Estado desorganizado.

En el país, los grupos de delincuencia organizada involucrados en este flagelo para fines sexuales y laborales operan para otros grupos detrás de las fronteras. Un crimen transnacional es la trata, uno de los crímenes más violentos, clandestinos y difíciles de identificar, por la falta de denuncias de parte de las víctimas, además de la corrupción que deja un rastro de silencios manchados de dinero y sangre, un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado con nexos entre mercados sexuales metidos en todo el Triángulo Norte, cruzando hasta México.

Este es un grave problema global, por eso urge su concientización, pues se necesita trabajar coordinadamente desde el ámbito internacional por la protección de los derechos humanos de las víctimas de esta brutal agresión, que es una nueva forma de esclavitud moderna para la explotación de las personas en situación de víctimas, según lo expresado en el Informe Global sobre Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas.

Hoy por hoy, Honduras aparece en páginas rojas de los diarios, en últimas horas de los alaridos de los presentadores de televisión, en afiches con su imagen abatida pegada en cada pared de las terminales de buses, cabinas de peajes y postes de alumbrado eléctrico que no iluminan ningún centímetro en este país que se busca o, mejor dicho, que todos buscamos.