Al final, nadie se ofreció como voluntario para la complicada tarea de ponerle cascabel al gato Rodilardo, pues además de difícil podría resultar fatal.
Así ha acontecido con la compleja faena de ponerle frenos a las facultades de quienes ocupan la titularidad del Poder Legislativo nacional, las cuales van desde negarle sin motivo la palabra a un compañero de cámara y la imposición a última hora de la agenda legislativa, hasta la integración unilateral de comisiones ordinarias o extraordinarias y la decisión final en contrataciones, distribución presupuestaria y administrativa del parlamento.
No se ha podido ni se ha querido hacer, principalmente, porque a los futuros aspirantes no les conviene.
Desde que se rediseñó el Estado hondureño a fines de la década de los cincuenta, resultó evidente que la presidencia del Poder Legislativo tendría atribuciones de tal magnitud que harían contrapeso al presidencialismo dominante de las décadas anteriores.
Lamentablemente, la manga quedó tan ancha que a la necesaria proyección pública, se sumó el acceso a recursos prácticamente ilimitados y sin control alguno. Así, era inevitable que quien ocupara la silla deseara, más temprano que tarde, utilizarla como trampolín para llegar a la del Poder Ejecutivo (en esos días, a una cuadra de distancia).
Casi sin excepción desde entonces -y en particular durante la vigencia de la nueva carta magna de 1982-, prácticamente todos los presidentes del Congreso Nacional han aspirado y postulado a la presidencia del país en el siguiente cuatrienio, utilizando con ventaja y comodidad los activos del Legislativo. Basta leer un poco de historia y ejercitar la memoria para constatar que esta ambición ha provocado crisis constitucionales, golpes de Estado y hasta enemistades que pasan de generación a generación.
Teniendo en mente aquel necesario cascabel, la redacción original de la Constitución actual incluyó la obligatoriedad del retiro de la presidencia del Congreso para quienes se convirtieran en aspirantes al Ejecutivo; en otro momento, hasta se reformó para impedir candidaturas en el período inmediato, pero los diputados presidentes se las ingeniaron para eliminar dichas trabas que “atentaban contra sus derechos políticos”.
Si prestamos atención a lo que se informa desde esta nueva versión del Congreso Nacional, es indispensable corregir el error histórico que extendió un cheque en blanco a quienes lo dirigen. Una administración abusiva, sin personal de carrera, sin controles y veeduría de quienes sufrimos las consecuencias de los excesos; sin elección a mitad de período para toda la junta directiva (incluida presidencia); sin agenda legislativa transparente que permita debate y acuerdos en comisiones con asesoría legislativa profesional, para luego votar en el pleno y con mayorías reales; ausente de control y rendición de cuentas mandatoria, entre otras malas prácticas, solo sería más de lo mismo: un “gatopardo”. Y los “gatopardos”, no necesitan cascabeles.
