Escándalo ha motivado la captura de figuras militares relacionadas con el golpe de Estado en 2009, sobre quienes pende acusación del
Ministerio Público y sus obligadas consecuencias, sea la declaración de inocencia o de culpabilidad.
La teología cristiana diferencia entre pecado, que es transgresión de los mandamientos o bien infracción moral, y culpa, considerada como error voluntario por imprudencia o ignorancia. Acá es obvio que aconteció una infracción no sólo moral sino política al armar toda una patraña supuestamente constitucional para defenestrar a un presidente legítimamente electo, que hay culpa de los transgresores y, conforme a leyes, cargo o pena que pagar.
Para encausar a alguien el orbe moderno exige pruebas indubitables con respaldo científico, a las que en décadas pasadas se incorporaron los mensajes o transmisiones de redes sociales, antes descartadas. Ello ocurre porque al presente ya es posible certificar (o sea, otra vez, con la ciencia) si esa prueba es falsa o verídica.
Se ignora cuánta es la carga probatoria de la fiscalía. Pero aunque los acusados salgan libres por no hallarse justificación para privarlos de libertad existe otro tribunal, o niveles de juicio, que son el histórico y el ético, de los que no se salvan pícaros o delincuentes y en donde todos los ciudadanos somos jurados de conciencia ya que la aspiración que nos gobierna es la verdad.
Una verdad para la que abundan cifras, hechos, relatos y pruebas conclusivas por cuanto el golpe de Estado fue brutal violación a la estructura constitucional de leyes y preceptos, por no decir al progreso de la nación, de que son culpables los culpables. Pues se distorsionó el sistema jurídico, sus aparatos y plataformas, y se hizo uso de él para propósitos partidarios y personales.
A esta altura se sabe que la conspiración contra José Manuel Zelaya simuló como excusa la gestión de la Cuarta Urna pero que en el fondo se trataba de la clase política liberal molesta porque Zelaya se negaba a aprobar mil millones de lempiras que el Congreso estaba por sancionar para que ese grupo lo empleara en las elecciones primarias y que, obvio, conduciría a deshonestidad y corrupción.
Hay documentos que certifican gastos oficiales fuera de presupuesto, desviación de fondos para objetivos no amparados en ley (armas, diez mil bombas lacrimógenas, contratación de una agencia norteamericana de cabildeo ante el Senado de EUA), más sustracción y robo. En siete meses los golpistas consumieron veinte mil millones de dólares sin base en ningún programa de inversión y de los que se ignora el destino.
Eso para no citar lo más grave: la apertura de brutales climas de violencia durante nueve meses y en que las fuerzas de seguridad fueron avocadas a reprimir a ciudadanos inconformes, secuestrarlos, torturarlos y matarlos.
Un oficial retirado que estuvo dentro de Toncontín me explicó que cuando la muerte de Isy Obed en efecto la tropa portaba balas de salva pero que los clases y oficiales no. Y de allí que ese asesinato, y otros, sean perfectamente atribuibles a conducción y órdenes militares. “Deme un hit” fue la orden perentoria del jefe, y el francotirador enfocó y disparó intencionalmente a matar.
Pecado, culpa y pena para ellos.