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Solo era de ejercer voluntad política y aplicar la ley. Como en casi todo, más que para evitar injusticias y hacer reparaciones o asegurar el derecho, lo que había que hacer con la Ley de Empleo por Hora y la nueva Ley Especial sobre Energía Eléctrica contentiva de unas reformas, no de todas las expectativas que induce su nombre, era revisar, reformar, si acaso, no eliminar la primera y no crear la segunda.

Una y otra, innecesarias, ambas remitiendo a lo mismo: era de hacer cumplir la ley, proteger a los trabajadores y castigar a patrones que la transgredieran; y del otro caso, que los contratos leoninos, irregulares, improcedentes, que la autoridad señala a 28, revisarlos. De haberse incumplido, se rescinden y si procede arreglo, se negocian, que para todo efecto, son ley entre las partes. Todo contemplado en dichos contratos. La determinación encomiable, de las autoridades del ramo, conocedoras del tema, era de aprovecharse para impulsar una nueva forma de trabajar. En ambos casos y lejos de las versiones fantasiosas de sus proponentes, se ha creado incertidumbre. Serán los promotores de la Ley de Empleo por Hora, quienes no saben lo que es crear un empleo y mantenerlo, los que ahora ofrecerán oportunidades de trabajo a quienes las perdieron con la derogación de esta ley. Serán los que dicen de negociar y si no, darles un justiprecio, que para tenerlo presente, suena bonito al significar justo precio, pero que a la hora de las realidades se trata de un precio impuesto e inferior a su valor, no consensuado, ¿quiénes asumirán la responsabilidad cuando no hayan inversionistas? ¿Qué ganan con estas acciones los y las parlamentarias? Notoriedad efímera, aplausos entre los suyos y al final, nada de lo que esgrimían como su motivación. Cuánta ligereza.

Cada iniciativa anunciada eleva el nivel de angustia de la población pendiente del accionar del Estado: es impredecible con qué desafuero saldrán. Y lo que aprueban sigue siendo ilegal como su Junta Directiva es ilegal.