La democracia es un mercado de valores, no un sistema de mercaderes desvalorizados, no de traficantes de valores económicos. Eso viene a ser el círculo de políticos domesticados en el robo y la extorsión en Honduras.
Le llaman democracia para alimentar el cuento de tradición oral que ya es una leyenda en este país. Pues, para medio alejar los espíritus burlones y ladrones de la dictadura que aún respira el incienso en el país, es de carácter inaplazable aplicar el juicio político, es como resetear este sistema operativo de leyes para balancear los pesos y contra pesos que todo Estado serio debe emplear sin contemplaciones.
El Congreso Nacional de la República debe soltar las amarras del régimen presidencial, ya no debe ser el conserje del Ejecutivo y su círculo de poder, su misión legislativa debe estar al frente de una cruzada contra los abusos de funcionarios públicos, sobre todo de alto rango, que manejan los hilos del poder, porque son estos quienes operan el gobierno de la nación. El Congreso sin sahumerios espiritistas debe aplicar el juicio político y la destitución inmediata de quienes abusen del poder, aunque sean ellos mismos.
Claro, hay que ser sumamente definido y riguroso en la investigación, porque ya sabemos que, en fincas privadas como esta, toda ley es usada indebidamente para los placeres de una democracia que da tumbos en el baile de un sistema presidencialistas, populista y con el ritmo cadencioso del seductor caudillismo. Y precisamente por estas razones, el juicio político debe ser un deber, una obligación de firmeza moral y constitucional que medie entre la ética y política. Que sea una herramienta para que la ciudadanía pueda verse representada, al ver a sus gobernantes desmedidos sometidos a criterios de corrección cívicos y republicanos.
Estas normas imperativas de la moral, jurídica y política, darían un sosiego de principios democráticos y transparencia a los legisladores, encargados de llevar a cabo el juicio político ante una corrupción ya implementada por decreto. Pero por respuesta a ese juicio solicitado contra los vicepresidentes del Congreso Nacional no procedió tras someterse a votación de dedo. El finado proyecto de ley encaminado a realizar un juicio político contra ambos parlamentarios del partido Libertad y Refundación (Libre), quienes fueron incluidos en la Lista Engel, misma que se divulgó hace unos días en Estados Unidos.
En el momento de la votación varios diputados de la oposición levantaron la mano. Otros parlamentarios solicitaron la palabra, pero la misma no fue proporcionada por el presidente del Congreso Nacional. Como si fuera una lección calcada del anterior Congreso, donde solo los de corbata azul podían hablar. Hoy todo es igual, nada más cambió el color de las corbatas.
“La iniciativa no pasó porque se requieren ochenta y seis votos y no los hay, ahora pasamos a la presentación de dictámenes”, concluyó el presidente del Congreso, tan alegre y respirando el olor de la victoria con sus camaradas del baile de disfraces, que cada día realizan en el viejo parlamento hondureño. Estas fueron las objeciones y enjuiciamientos que sostienen el andamiaje institucional de este país; estas son las responsabilidades políticas de los funcionarios. Ante estos desmanes y el nudismo visceral de la vergüenza, no queda más que el poder, el verdadero poder lo ejerza el pueblo; si el Judicial es inoperante, el Legislativo es cómplice y el Ejecutivo es para eso, para ejecutar todo lo que huele a control de poder.
Quien tiene el juicio político en sus manos es el ciudadano y el pueblo entero, para que castigue sin pensar en los mitos de las banderas ni en los discursos que hacen hormigueo en las neuronas de los que legislan a favor de la memoria perdida.
