Y cuanto problema enfrentamos y su solución terminará desembocando en la necesidad de reformas electorales. Previo. Y sometimiento al imperio de la ley. Transversal y final. Empezar por ese final que es el principio: el acatamiento de la ley. Reiterativo, hasta que canse, pero hasta que se cumpla. Todo mundo entiende que una democracia con reglas claras que signifique equidad, se nos adeuda. Ahí encontramos la causa del enredo que lejos de simplificarse se vuelve laberinto. Solo quienes saben usufructuar el caos, con el cinismo implícito, hablarán de reformas electorales con el cuidado de sabotear su aprobación. Los demás, las exigimos como vía de inclusión y respeto a la voluntad popular. La burlada en las urnas, a veces con los más protervos fines y otras, ingenuidad absurda, en aras de una supuesta unidad que produce mayor conflicto y una democracia más vulnerable. Y también más incompetente para ser solución a las ingentes dificultades, más que a las políticos, a las sociales, económicas y culturales. Quizás sea ese el interés de sus instigadores, los mismos obligados a tomar las mejores decisiones para las mayorías. Y por ello, hasta gravosamente remunerados. La democracia ha sido transgredida por quienes detentan el poder, en el pasado, en los últimos 42 años y en el presente. Ahora más que nunca hay que demandar la legalización de reformas electorales que nos aseguren eliminar la crisis de representatividad, originada en el desdén hacia las expectativas ciudadanas y en la visión del Estado como botín. La efectividad en el combate a la criminalidad organizada y común, así como el combate a la corrupción y a la impunidad, requieren del fortalecimiento democrático que solo las reformas electorales pueden propiciar. La segunda vuelta que legitime la titularidad del Poder Ejecutivo, las elecciones de diputados y alcaldes en fechas distintas a las de la fórmula presidencial, el voto electrónico, son urgentes. Las reformas electorales son impostergables.
