La desigualdad en América Latina y el Caribe es más severa que en otras regiones del mundo. Así lo dejan ver los datos: en temas de ingresos, el 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre, además de que el 1% de las personas más acaudaladas se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía; es decir, el doble de la media del mundo industrializado, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El problema con la desigualdad es que desacelera el proceso general de desarrollo, además de que afecta el avance de la calidad de vida en aspectos como el acceso a la salud, la educación, el empleo y el sistema legal. El origen del problema solo se puede resolver con soluciones en las que colaboren tanto el gobierno como el sector privado.
En Centroamérica y el Caribe (CCA), la desigualdad social provoca que los gobiernos no cuenten con la fortaleza financiera necesaria para poder emprender obras que promuevan el desarrollo sostenible, lo que hace de vital importancia que las instituciones financieras tengan un papel más activo en la batalla contra la desigualdad.
El trabajo entre el gobierno y el sector privado tiene el reto de trascender las labores de filantropía tradicional, ya que los instrumentos financieros a utilizar deben ser concebidos desde una óptica de riesgo compartido, financieramente rentables y capaces de fomentar un desarrollo sostenible.
Un ejemplo de esto es la estrategia de Social Finance de Citi, la cual cuenta con una estrategia de finanzas sociales, que no solo se enfoca en dar acceso a financiamiento para proyectos con impacto en servicios e infraestructura básicos, sino que también brinda apoyo, de la mano de expertos.
En 2021, Citi se comprometió con una meta de 500 mil millones de dólares en proyectos de financiamiento social, buscando alinear su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Además, la meta Social de Citi de aquí a 2025 es apoyar a 15 millones de hogares de bajos ingresos, incluyendo a 10 millones de mujeres en mercados emergentes. Uno de los productos financieros que contribuyen al desarrollo de esta solución son los bonos sociales, instrumentos que permiten financiar proyectos de infraestructura básica como agua y saneamiento, vivienda para personas de bajos y medianos ingresos, transporte sostenible.
En el año 2021, Citi emitió por primera vez uno de estos bonos sociales por valor de USD mil millones para fondear sus operaciones enfocados en los sectores previamente mencionados en países emergentes.
Citi es un banco global que apoya a clientes y moviliza inversionistas que buscan generar impacto social y medioambiental. Desde hace más de 15 años, el equipo de Citi Social Finance ha trabajdno en 37 países emergentes; a la fecha, han impactado positivamente a 6 millones de personas, 75% de estas mujeres (4,5 millones) , y movilizado cerca de USD 7.9 mil millones en capital dedicado a estos sectores desatendidos.
Si bien generar oportunidades en igualdad de condiciones es uno de los mayores desafíos en la actualidad, podemos avanzar de manera contundente en esta tarea que permite mejorar la calidad de vida de la población y construir comunidades con condiciones equitativas, pero, sobre todo, sostenibles.
