La actual campaña electoral que culmina el próximo 26 de noviembre se ha distinguido por tener dos candidaturas presidenciales con el nombre de alianza. La Alianza Patriótica del general Romeo Vásquez Velásquez y la Alianza de Oposición de los partidos Libre y Pinu.
Ojalá que esta circunstancia no dé lugar a confusiones: que los patriotas voten por los opositores y que los opositores voten por los patriotas.
Además, existe una especie de frágil coalición: la que surgió entre los candidatos presidenciales de la Alianza de Oposición y del Partido Liberal del 17 de octubre de 2017 mediante la cual, entre otros temas, acusan al Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) de carecer de independencia e imparcialidad y de que se ha plegado a favor del gobierno y que es juez y parte.
Sobre este delicado tema, basta con una ojeada a nuestra Constitución para constatar que “para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la República (Art. 51 ) integrado por magistrados electos por dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional.
Y para mayor precisión, conviene tener presente que el TSE lo integran magistrados que deben actuar con profesionalismo, pero no es ningún secreto que pertenecen o han pertenecido a diversos partidos, incluyendo al Partido Liberal.
Por otro lado, es público y notorio, que el Partido Nacional no tiene dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, por lo cual carece de fundamento la imputación del referido acuerdo.
Los candidatos presidenciales de esa frágil coalición afirman que no aceptan el sistema de transmisión de resultados electorales, olvidando que es el sistema que se ha utilizado durante al menos las últimas cinco elecciones generales, incluyendo las internas donde ellos mismos resultaron electos candidatos presidenciales o habilitados para negociar alianzas.
Además, parecen ignorar que los resultados que ofrece el TSE constituyen información preliminar basada en las copias de las actas de las mesas electorales firmadas por los representantes de todos los partidos, quedándose cada representante de partido con una copia de dichas actas.
Siendo el proceso tan transparente, con miles de observadores nacionales e internacionales, las actas físicas originales cumplen una función corroborativa de la información transmitida, cuyas copias desde el momento del cierre de cada mesa electoral están en poder de todos y cada uno de los partidos políticos participantes.
Lo sorprendente del acuerdo es que uno o dos partidos que concurren a las elecciones aceptando las reglas del proceso electoral, pretendan a última hora imponer nuevas reglas, con la pretensión de convertirse en legislador, juez y parte.
Por otro lado, por medio de ese frágil acuerdo, se ha producido una ruptura con la tradición de la política hondureña desde hace más de 30 años cuando los candidatos presidenciales de la Alianza de Oposición y del Partido Liberal, ahora coaligados, afirman incomprensiblemente que no aceptan que “pequeños partidos sean tratados como verdaderos partidos”. Se presume que, al no hacer reserva, esa calificación de que no son “verdaderos partidos”, aplica al Pinu, que postula la candidatura de la Alianza Opositora.
Para ilustrar a los observadores internacionales, conviene recordar que en Honduras siempre hemos respetado el honor y las opiniones de los partidos emergentes como el Pinu, la Democracia Cristiana, la UD, Alianza Patriótica y el Pac, porque su fortaleza depende de la voluntad del pueblo soberano, no de la opinión discriminatoria de un candidato presidencial que persiga objetivos autoritarios, inclusive en perjuicio de uno de los partidos que lo postula.
En las últimas semanas, el candidato de la Alianza de Oposición ha prometido que si resulta electo Presidente, reintegrará a los policías depurados a la Policía Nacional, aunque no se conozca cuál es la moneda de cambio.
En contraste, el candidato presidencial Liberal ha expresado que la depuración policial debe continuar, en línea con la posición del candidato presidencial del Partido Nacional y de la inmensa mayoría del pueblo hondureño.
Finalmente, el tema de la votación en línea para los candidatos a diputados ha sido objeto de mucha discusión, pero en la recta final, todos los candidatos presidenciales están haciendo llamamientos a sus electores para que voten en plancha por sus parciales, lo cual no es objeto de sorpresa.
Podrá argumentarse que ese llamamiento atenta contra la libertad del elector, pero igualmente atentaría contra su libertad prohibirle que vote en línea… si esa es su voluntad.