En enero de 2020, el convenio que le dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), no fue renovado por el Estado hondureño, ocasionando la salida abrupta de la misión que patrocinaba la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta negativa del gobierno hondureño, fue un duro golpe a la continuación de los procesos de judicialización de casos de alto impacto y la construcción de componentes de prevención de la corrupción en Honduras. A pesar de los esfuerzos que había hecho la MACCIH, con resultados positivos en las líneas de prevención y judicialización de casos, el Gobierno no realizó el intercambio de notas con la Secretaría General de la OEA, mecanismo instituido en el convenio para renovar automáticamente el mandato de la misión.
Esta decisión estuvo envuelta en un manto de opacidad y de pactos oscuros de elites políticas, ya que los tres titulares de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) expresaron previamente posiciones contrarias a la renovación, invocando la “soberanía” de las instituciones, conceptos algo desfasados por el desarrollo teórico y constitucional de las relaciones internaciones, los derechos humanos y la elasticidad de la soberanía, frente a los retos de la globalización y la cooperación multilateral .
Con la salida de la MACCIH, se interrumpieron los procesos de fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial de Combate contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), a la cual, y a partir de ese momento, se le modifico el mandato y se limitaron drásticamente sus capacidades técnicas y logísticas con la complicidad del Fiscal General. Esto, con el fin de colapsar su operatividad en los laberintos administrativos del Ministerio Público. De la misma forma, el circuito anticorrupción en el Poder Judicial, ideado y construido por la MACCIH, que dirigió Juan Jiménez Mayor, ha sido notablemente debilitado desde las altas esferas de poder de la Corte Suprema de Justicia, teniendo como efecto tangible, la liberación de la mayoría de los procesados por actos de corrupción presentados por MACCIH/UFECIC, específicamente en los casos “Pandora”, “Arca Abierta”, “Narco política”, que vinculan en su gran mayoría a miembros del Partido Nacional de Honduras.
La presidenta electa, Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026) resaltó en su plan de gobierno y en declaraciones públicas, la necesidad de instalar en el pais una comisión contra la corrupción en Honduras, similar a la MACCIH, con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual tenga como objetivo construir un sistema interinstitucional de combate a la corrupción y la investigación, judicialización y castigo de delitos asociados con el drenaje de fondos públicos. Es de hacer notar, que de acuerdo con el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), anualmente se pierden 65 mil millones de lempiras en corrupción, equivalente al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) .
Esto representa un gran desafío, ya que en Honduras coexiste un mecanismo que blinda las redes de corrupción y criminalidad organizada enquistadas en el aparato estatal. Si tomamos en cuenta la aprobación del Código Penal, en el cual disminuyeron sustancialmente las penas en los delitos asociados con la corrupción, la aprobación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos en Seguridad y Defensa y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), así como las reformas al Código Procesal Penal (184), a la Ley de Lavado de Activos y a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entenderemos el tortuoso camino que se ha venido creando para evitar la persecución de los delitos por corrupción en el país. Aunado a esto, el control clientelar por redes de corrupción de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, TSC y Procuraduría General de la República, hacen que el mandato de una misión internacional se convierta en un campo minado, con barreras jurídicas infranqueables, ralentizando cualquier esfuerzo por evitar el aumento cuantitativo de los índices de impunidad que asolan el pais.
Edgardo Buscaglia, en su libro “Lavado de Dinero y Corrupción Política. El arte de la delincuencia organizada internacional”, define distintos niveles y dimensiones de infiltración de la delincuencia organizada en los Estados. De allí que exprese que, “cuando la corrupción política se ha extendido hasta la cúpula, puede darse el quinto nivel de corrupción del Estado: En este las organizaciones criminales se enfocan en comprar a actores políticos y colocar a sus miembros en importantes posiciones de poder”. Si trasladamos esta conceptualización al caso de Honduras, veremos que el núcleo de las redes de corrupción y crimen organizado sigue intacto, con un amplio radio de maniobra en el Legislativo, el control de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales (PLH Y PNH) y una capacidad de absorción del simple círculo de poder político, permeando los sectores empresariales, religiosos, gremiales y de la sociedad civil.
Bajo ese contexto, la nueva administración de Xiomara Castro debe procurar desactivar toda esta estructura normativa y política que ha estado al servicio de una estructura criminal, y renovar el andamiaje jurídico para que este responda a los límites y parámetros constitucionales. Esta será la herramienta necesaria para la instalación de una nueva misión anticorrupción en Honduras, que cumpla verdaderamente con sus funciones y no se convierta en un simple adorno para el nuevo gobierno. La elección del titular del Congreso Nacional es vital para la reconstrucción del Estado de derecho, ya que, desde ese Poder del Estado, se elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Cuentas, así como al Fiscal General del Estado. Además, el Congreso Nacional, tendrá la responsabilidad discutir y aprobar la Ley de “Colaboración Eficaz”, instrumento jurídico presentado por la MACCIH para desarticular redes de corrupción . Estos procesos deben realizarse en base a criterios de transparencia, capacidad, e independencia, pensando en los intereses de la República, dejando atrás las practicas clientelares y autocráticas que han sumergido la democracia hondureña en una profunda oscuridad y atraso, degradando con esto las condiciones de vida de los hondureños y el desarrollo integral de la sociedad.
Las misiones hibridas, como lo fueron la MACCIH, en Honduras, y la CICIG, en Guatemala, como las retrata el profesor Charles Call, del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University, han tenido un éxito cualitativo en la judicialización de casos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, las dos misiones han sido sacrificadas y expulsadas de los países centroamericanos, no solo por el temor de las élites políticas y económicas de ser investigados y enjuiciados por actos dolosos, sino también por la escasa incidencia de la sociedad civil en impulsar cambios en los procesos de rendición de cuentas y transparencia.
Una CICIH, que sería el nombre que ha venido siendo mencionado para la nueva misión en Honduras, debe ser consecuencia de un compromiso político de luchar contra la corrupción y la impunidad como un eje estratégico de la gobernanza en el país. Para ello, debe estar dotada de autonomía e independencia, a fin de que pueda apoyar verdaderamente en los procesos de prevención y persecución de los delitos asociados con la corrupción de gobiernos anteriores, como posibles delitos cometidos en esta administración. Esta misión debe estar conformada por especialistas de alto nivel internacional, acompañados de hombres y mujeres hondureños capaces y comprometidos en cortar las cadenas de suministro de la corrupción y el adecentamiento de la funcionalidad pública. Un organismo de este calado, representa una esperanza para el país y una oportunidad para que la clase política gobernante pueda iniciar un proceso de fortalecimiento institucional que redireccione la funcionalidad pública hacia el bien común. Todo esto en base de elementos que fortalecen la democracia, como la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el equilibrio de poderes y el respeto a la ley.
* Alex Navas Álvarez es ex funcionario de la MACCIH, Investigador, Profesor Universitario (UNAH) de Ciencias Políticas y Derechos Humanos.
