No se sabe los acuerdos a los que llegó el Ejecutivo con las autoridades de la UNAH en torno a la transferencia que el gobierno, por ley constitucional, debe hacerle a la institución educativa. No ha concluido ese problema, cuando se ha activado una vieja pretensión de un reducido grupo de docentes de la institución de crear un sindicato a la medida de sus intereses.
Desde 1961, en los albores del surgimiento del movimiento obrero hondureño, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), con el cual la institución universitaria ha mantenido las relaciones obrero-patronales.
En 2011 un grupo de trabajadores que no superaba los 184, según la documentación presentada por sus dirigentes, decidieron crear el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah).
A juzgar por lo declarado por las autoridades de aquel tiempo, muchos de los trabajadores que aparecían en la lista de constitución de la mencionada organización, cuando se les preguntó la autenticidad de lo informado como muestra de su anuencia a la creación del sindicato, manifestaron desconocer lo actuado en su nombre. En el Código de Trabajo, en el articulo 472 se establece que no podrán coexistir dentro de una misma institución dos o más sindicatos, sin embargo, las autoridades judiciales que resolvieron sobre la nueva organización, actuando al margen de la normativa, no solo permitieron la creación de la organización, sino que de un solo plumazo solicitaron la entrega a los directivos sindicales de deducciones sindicales, mismas que nunca se realizaron por no acreditar firma alguna de los trabajadores autorizándolas.
El asunto fue resuelto favorablemente por la presidenta de la Sala de lo Constitucional, sin establecer cuantía y sin determinar fechas y trabajadores sujetos de la deducción. El juez ejecutor procedió a embargar por más de 80 millones de lempiras a la UNAH.
Dinero que hasta ahora los directivos del Sidunah y el juez en mención no dan cuenta a los afiliados. Las acciones de la Sala de lo Constitucional y del juez ejecutor han sido tan generosas que les han ordenado a las autoridades universitarias no solo el reconocimiento del Sidunah, sino también inscribir su junta directiva, proporcionarles permiso sindical con goce de sueldo, asignarles local e integrarlos a los organismos de gobierno de la institución. Según el Decreto Ley Numero 30, de 1973, las deducciones sindicales se vuelven obligatorias para los trabajadores aun no sindicalizados, cuando la organización que los representa logre firmar un Contrato Colectivo que les beneficie.
Este no es el caso. Lo que se está viendo en este asunto no tiene precedente. históricamente ha sido la Secretaría de Trabajo la que, de acuerdo con las reglas, se ha encargado de registrar y abordar todos los temas relacionados con la vida orgánica de los sindicatos.
Ejercer la profesión de la abogacía desde la representación estatal no es cosa difícil. Para actuar en la forma como se hizo en este caso, cualquier escribano, con diabólicos propósitos, lo puede hacer.
Desde 1961, en los albores del surgimiento del movimiento obrero hondureño, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), con el cual la institución universitaria ha mantenido las relaciones obrero-patronales.
En 2011 un grupo de trabajadores que no superaba los 184, según la documentación presentada por sus dirigentes, decidieron crear el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah).
A juzgar por lo declarado por las autoridades de aquel tiempo, muchos de los trabajadores que aparecían en la lista de constitución de la mencionada organización, cuando se les preguntó la autenticidad de lo informado como muestra de su anuencia a la creación del sindicato, manifestaron desconocer lo actuado en su nombre. En el Código de Trabajo, en el articulo 472 se establece que no podrán coexistir dentro de una misma institución dos o más sindicatos, sin embargo, las autoridades judiciales que resolvieron sobre la nueva organización, actuando al margen de la normativa, no solo permitieron la creación de la organización, sino que de un solo plumazo solicitaron la entrega a los directivos sindicales de deducciones sindicales, mismas que nunca se realizaron por no acreditar firma alguna de los trabajadores autorizándolas.
El asunto fue resuelto favorablemente por la presidenta de la Sala de lo Constitucional, sin establecer cuantía y sin determinar fechas y trabajadores sujetos de la deducción. El juez ejecutor procedió a embargar por más de 80 millones de lempiras a la UNAH.
Dinero que hasta ahora los directivos del Sidunah y el juez en mención no dan cuenta a los afiliados. Las acciones de la Sala de lo Constitucional y del juez ejecutor han sido tan generosas que les han ordenado a las autoridades universitarias no solo el reconocimiento del Sidunah, sino también inscribir su junta directiva, proporcionarles permiso sindical con goce de sueldo, asignarles local e integrarlos a los organismos de gobierno de la institución. Según el Decreto Ley Numero 30, de 1973, las deducciones sindicales se vuelven obligatorias para los trabajadores aun no sindicalizados, cuando la organización que los representa logre firmar un Contrato Colectivo que les beneficie.
Este no es el caso. Lo que se está viendo en este asunto no tiene precedente. históricamente ha sido la Secretaría de Trabajo la que, de acuerdo con las reglas, se ha encargado de registrar y abordar todos los temas relacionados con la vida orgánica de los sindicatos.
Ejercer la profesión de la abogacía desde la representación estatal no es cosa difícil. Para actuar en la forma como se hizo en este caso, cualquier escribano, con diabólicos propósitos, lo puede hacer.
