Ramón Rosa, el gran pensador y político, escribió un ensayo seminal en que plasmó diversas reflexiones y propuestas. Una de ellas es esta: “El patriotismo, virtud suprema que salva las mayores crisis de los pueblos que saben sentirlo y ponerlo al servicio de las grandes causas, no es entre nosotros una virtud de que podamos esperar abnegación, sacrificios, en aras del bien público, de la dignidad del país y de sus instituciones”.
Afortunadamente, hoy estamos presenciando una enérgica, masiva, firme reacción popular ante la venta de territorio y soberanía incorporada en los decretos legislativos que crean las ZEDE, con la bendición de la Corte Suprema de Justicia, que viola en diversos articulados la Constitución Política, hipotecando el honor y dignidad de la República.
En este mes de la identidad nacional, más y más municipalidades, instituciones y organizaciones se suman activamente en pro del rescate de lo que aún queda de nuestra independencia y autonomía. La Asociación de Fiscales de Honduras emitió comunicado pidiendo al Congreso la derogación del Decreto Legislativo que creó las ZEDE, cuestionándolo por atribuirse la reforma de artículos pétreos constitucionales. (EL HERALDO, 13 de julio de 2021, p. 8).
Ante el fracaso del programa oficial 20-20 que prometió generar 600,000 empleos, y de las alianzas público-privadas, fuente de corrupción, se pretende convencer a la población que las ZEDE serán la solución al desempleo y subempleo agravados por la pandemia, una de las causales para el éxodo masivo hacia otras latitudes, al no encontrar oportunidades que, al menos, permitan la subsistencia en Honduras.
Mientras 130 países, en acuerdo conjunto, apoyan un sistema tributario justo, equitativo, que revierte previas políticas fiscales que defendían el cobro mínimo o la exención de impuestos a las multinacionales como incentivo para atraer inversión y crecimiento económico, hoy concluyen que las naciones deben financiar infraestructura, servicios públicos de calidad, preparándose para futuras pandemias, el gobierno hondureño otorga dispensas impositivas adicionales a grupos privilegiados de nacionales y extranjeros que invertirán en las ZEDE, en perjuicio del empresariado local que no forma parte de quienes prosperan a la sombra del oficialismo.
También se insiste en consolidar el ruinoso modelo extractivista, pese a la creciente oposición de grupos étnicos y municipalidades directamente afectadas por la depredación de sus recursos naturales y contaminación ambiental. La represión y la muerte son la respuesta estatal hacia las y los ambientalistas. El recurrir al excesivo endeudamiento interno y externo, más allá de la capacidad de pago, significa que cada vez mayores ingresos gubernamentales son desviados para el pago de intereses acumulados, al mismo tiempo que se grava, aún más, a las clases sociales media y popular, hipotecando el futuro de esta y las venideras generaciones.
