El Observatorio de Violencia de la Mujer, según su actualización de datos, cada 26 horas está perdiendo la vida una mujer en el país a causa de la ola incesante de violencia y las autoridades de investigación, encargadas de empacar y coleccionar cuerpos vaciados en un olvido sepulcral, pues no hacen más que archivar y cerrar el caso de los mismos, tratándolos como temas relacionados al narcotráfico y el crimen organizado. Para ellos, es más fácil, ¡facilísimo!, culpar y olvidar.
En la última década, van más de 6,000 mujeres asesinadas en Honduras, ya que desde el golpe político, el Estado se desbocó en un naufragio fallido, mientras que la justicia sucumbió en el fondo de la impunidad total, con una dolorosa estadística que muestra la desidia con la cual se trata el valor de la vida de las mujeres y niñas en estas Honduras; país de contrastes y aburridos destellos de una justicia preñada de malas intenciones, donde el Código Penal es redactado al pie de la horca, para crear una impunidad con firma y sello, legalizada y patrocinada por los varones de la política, para evitar la cárcel, ellos y sus pandillas, que entre las cuales están los que ejercen poder sobre la mujer, desde la económica, institucional y laboral, hasta la física, mental y sexual, por el único hecho de ser lo que son: mujeres y niñas.
Las que sobrevivan tendrán un impacto brutal en la salud y calidad de vida, en una sociedad que ha ajusticiado el derecho de las mujeres con un sangriento silencio ante las violaciones y feminicidios, como la más extrema dominación de violencia ejercida, fruto podrido del sistema machista hegemónico de una sociedad acostumbrada a llorar detrás de las puertas, incluso, desde antes de ser cerradas por la pandemia, misma que no ha hecho más que acrecentar el miedo en una cuarentena obligatoria, mezclada con la tensión y el estrés, colocando a la mujer en un mayor riesgo por estar confinada todo el día en casa con sus agresores, donde el 80 % de las víctimas de violencia de género no denuncian, simplemente, porque no cree en la justicia, y porque ya en su cuerpo echó raíz la violencia, acostumbrada a la cultura y educación sexista, así como a la falta de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Es responsabilidad del Estado actuar con prontitud para cumplir con los acuerdos internacionales; es urgente prevenir, investigar, sancionar, erradicar y reparar, para no reforzar el crimen y la impunidad. Es obligación del Estado ofrecer un sistema de justicia que no produzca vergüenza, porque los derechos de las mujeres requieren un compromiso permanente, hasta visibilizar los abismos del desorden jurídico, porque esas leyes contribuyen a 'normalizar' la violencia, la desigualdad y la discriminación contra ellas.
No le demos más 'medallas de honor' a Honduras, no basta con los vergonzosos primeros lugares en corrupción y violencia; ahora vamos a ser los primeros en la tasa de homicidios de féminas, superando a la tasa total de asesinatos de 152 países.
Es hora de parar esta pandemia, porque ya vimos que la otra ni con vacunas fantasmas, muchos menos, con hospitales de la imaginación podrán hacerlo, pero con esta sí, ¿de qué manera?, pues haciendo uso de una claridad en el enfoque de género, como estrategia fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la prevención desde el ámbito educativo, para que transforme los prejuicios y estereotipos que naturalizan la violencia en algo tan cotidiano como la corrupción, el robo descarado y la burla a sus leyes que se acumulan bajo la falda de la señora justicia, que también tiene denuncias de violación por parte de sus amos que le mancillan el honor de ser mujer.
