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Corrupción e impunidad: continuidad histórica

Un repaso al pretérito y presente hondureño destaca un hilo conductor, con un denominador común: saqueo de fondos públicos por autoridades civiles y militares, sin que sus acciones dolosas hayan sido investigadas y sus ejecutores -en los más altos niveles- enjuiciados y sancionados.
Desde José María Medina a la actualidad se ha manipulado el poder público para el enriquecimiento personal, familiar y grupal, empobreciendo y endeudando cada vez con mayor intensidad a la patria.

Repasemos: el “Escándalo del Ferrocarril” (1869-1954, año en que se terminó de cancelar la deuda millonaria que hizo de Honduras la nación más endeudada del mundo per cápita); concesión minera en San Juancito: significó un conflicto de intereses públicos con privados, convirtiendo al presidente Soto en uno de los principales accionistas de la Rosario Mining Co. a partir de 1880; concesiones de tierras, aguas, bosques nacionales en la costa norte a partir de la administración Bográn (1883-1891), significó el traspaso de los suelos más fértiles, de propiedad estatal a manos privadas. Adicionalmente, se eximió a las transnacionales bananeras de la obligación contractual de construir líneas férreas hacia el interior del país y vendiendo lotes alternos consignados en la legislación agraria. Se dispensó el pago de impuestos de importación a las empresas fruteras y mineras, constituyendo un sacrificio fiscal aumentado con dispensas y exenciones tributarias hasta la actualidad. El soborno bananero por la United Brands durante el segundo gobierno de facto de López Arellano (1972-1975), se constituyó en caso emblemático de corrupción en alianza público-privada, al igual que el escándalo de la Conadi, que elevó significativamente la deuda externa hondureña.

La necesidad de construir vivienda social fue utilizada para el fraude de Ciudad Mateo.

El tráfico ilícito de estupefacientes y venta de pasaportes de manera irregular empezó en el régimen de Carías (1933-1949), continuando hasta el presente.

Los fraudes electorales representan otra constante en nuestra historia, del XIX al XXI.

El saqueo de fondos millonarios en materia sanitaria se profundiza velozmente: en el IHSS, Secretaría de Salud, Invest-H, Copeco, utilizando metodologías diversas: sobrevaloración de medicamentos, compra de equipos sin licitarlos, empresas de maletín, en alianza estratégica: políticos, funcionarios, empresarios.

Entes descentralizados: Hondutel, ENEE, UNAH, Empresa Nacional Portuaria, han sido sometidas a sustracción de fondos públicos para fines privados. La privatización de entes estatales es una constante a partir de 1990, bajo la óptica del neoliberalismo bendecido por el FMI.

“Madres y padres de la patria” han incurrido en actos dolosos y, simultáneamente, el Congreso emite legislación ad hoc para el respectivo blindaje que evite o posponga el rendimiento de cuentas. La secretividad en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad impide auditorías sociales del manejo de fondos.

Obviamente, esta es apenas una sinopsis de algunos casos de corrupción e impunidad. La totalidad es infinita, en tanto en cuanto prevalezca la pasividad ciudadana y la inefectividad de los órganos encargados de investigar y judicializar estos nefastos hechos