Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica que, como dedos de las manos se pueden contar, tiene una ley para fiscalizar el financiamiento político electoral y que desde un poco más de tres años audita la procedencia del dinero que se maneja en las campañas políticas. En 2021 se desarrollarán elecciones primarias y elecciones generales, la convocatoria se hará este domingo 13 de septiembre, y actualmente se aprueban en el Congreso Nacional las reformas electorales que darían fuerza institucional y rectora a las entidades del sistema electoral hondureño. En lo relativo al control, supervisión y rendición de cuentas del financiamiento que administran los partidos políticos y los movimientos internos de los partidos políticos, precandidatas y precandidatos para el Proceso de Elecciones Primarias 2021, continúa vigente la Ley de Política Limpia, cuya unidad debe observar también a los aportantes con apoyo de las instituciones del sistema financiero nacional. La actual ley ordena que candidatos y candidatas políticos depositen sus aportaciones o donaciones que reciban en cuentas bancarias que deben ser aperturadas en cualquier institución bancaria o fiduciaria que forme parte del Sistema Financiero Nacional. El Cohep, la embajada estadounidense y la Cooperación Internacional han expresado desde siempre su interés en la rendición de cuentas y la transparencia, y en lo relativo a la fiscalización de las campañas políticas han expresado su disposición y apoyo. Los candidatos de los diferentes niveles electivos de los partidos políticos desde 2017 han procurado el cumplimiento de la ley de fiscalización del financiamiento de campañas, queriendo desmarcarse de casos de actos irregulares de años anteriores que les puedan afectar y que eran momentos donde no había una ley que les fiscalizara el financiamiento. En 2016 se jugaron el todo al aprobar una ley que pareciera podía ser una autorregulación, y la voluntad de las bancadas de los representantes de esos partidos políticos en el Congreso Nacional lo llevó desde junio de 2017 a someterse a la ley que fiscaliza la elección general pasada, pero hoy nuevamente se asoma un nuevo proceso, pero primario a lo interno de los partidos políticos y cuya ley también ya dispone regulaciones, fiscalización y sanciones
