Así fue como hasta el día de hoy, ante un escandaloso acto de ilegalidad y vacío jurídico, un grupo de diputados y diputadas de la oposición abrogaron el nuevo Código de la Impunidad por unanimidad de votos en una sesión extraordinaria, considerando que esta legislación era criminal para toda la sociedad hondureña.
Por otro lado, la Coalición contra la Impunidad ampara la legitimidad de dicha reunión respaldada en el artículo 191 de la Constitución de la República —ley primaria que está sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, incluyendo el reglamento del mismo parlamento—. Sin lugar a duda, esta fue una decisión firme, valiente y profundamente patriota en defensa de la lucha contra la corrupción que despedaza el país a sus anchas, mientras es aplaudida por el partido de gobierno, alimentado por las feroces jaurías de sus incondicionales diputados a favor del Código de la Impunidad y mientras rechazan los numerosos llamamientos jurídicos que se han hecho desde altas instancias para que se suspenda dicha normativa penal. ¡Por lo menos, mientras dure la pandemia!
En lugar de asentir una suspensión, más bien aprovecharon perversamente la oportunidad para dar el hachazo certero; visto que no les importó —como si la «democracia» de ellos le interesara a la gente— que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifestarán su rechazo hacia esta nueva ley que únicamente restringe, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la protesta y a defender los derechos humanos en el país; mucho menos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas que habían participado con asistencia técnica durante las consultas realizadas por el Congreso; así como tampoco el hecho de que una decena de organizaciones civiles hayan pedido al mismo, a través de una iniciativa ciudadana, la no entrada en vigencia de esta herramienta «maravillosa» que vendría a abrir las puertas estrechas de la justicia, para que pasen los delincuentes del Estado, como en un desfile de modas, sobre la pasarela de la impunidad.
Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial en contra del Código de la Impunidad, probado punto por punto, delito por delito y cinismo por cinismo que dicho documento penal infringe preceptos constitucionales, que ahora yacen ensartados en un cesto de basura, revuelto con servilletas manchadas por el deshonor de un grupo de parlamentarios que han hecho de la política la peor condición social, como en una cultura de gánsteres.
En tanto, el Poder Ejecutivo acomoda las estrategias «oponiéndose» y haciendo la pantomima al solicitar la derogación total; o bien, que se hagan reformas al Código Penal. Un espectáculo de feria, miserable y ruin han decidido montar estos compadres hablados, mientras se sacuden la opinión pública que los tiene en la picota por el fraude de hospitales móviles y la impúdica corrupción de salud en tiempos del COVID-19.
Esta ralea de corruptos de carpas infladas con el presupuesto nacional, han hecho una orgía con más de sesenta diputados que fueron acusados por el CNA e investigados por la fiscalía con la ayuda de la MACCIH, para indagar a unos sesenta legisladores por desvío de fondos públicos a cuentas personales.
Ya sabemos dónde terminó la MACCIH, dónde terminaron las leyes, la constitución; y seguro ya podemos predecir dónde terminarán estos políticos algún día.
