En diciembre del pasado año, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) propuso implementar, con carácter de urgencia, un programa incluyente, debidamente consensuado, con suficiente voluntad política para su aplicación irrestricta.
La actual pandemia que nos golpea y nos encuentra sin adecuada preparación de respuesta le otorga aún más relevancia puntual a dicha propuesta.
A diferencia de otros intentos, bien o mal intencionados, este debe contar con la participación de todas las fuerzas vivas, sin exclusión, sin tomar en cuenta criterios político-ideológicos, si es que se quiere intentar superar la actual trágica condición de práctica indefensión en que subsistimos. A medida la situación sanitaria y económica se deteriora más y más, deben revisarse periódicamente los acuerdos alcanzados o en vías de negociación por el actual gobierno con organismos internacionales de crédito y las cifras presentadas en el Producto Interno Bruto, déficit fiscal, contracción en los ingresos tributarios a percibirse, reservas internacionales netas con que se cuenta para cubrir importaciones esenciales, disminución en el monto de remesas enviadas por nuestros compatriotas laborando en el extranjero, expectativas de crecimiento económico, programa monetario anual, impactos de la recesión en la desigualdad, pobreza, empleo, niveles de endeudamiento estatal bilateral y multilateral, acelerado deterioro de entes descentralizados: ENEE, Hondutel, SANAA.
El deterioro del primero, el generador de energía hidroeléctrica, es de tal magnitud que se ha llegado a una situación de impago con los generadores privados que supera ya los 10,000 millones de lempiras (Diario EL HERALDO, 6 mayo 2020, p. 13). Adicionalmente, debe incorporarse a esta compleja y dramática problemática el debilitamiento institucional, la incorrecta priorización del gasto público, reflejado en el actual presupuesto de ingresos y egresos de la República, la profundización de la corrupción e impunidad, situación que es debidamente reportada a sus gobiernos por los agentes diplomáticos foráneos acreditados ante nuestro pueblo y gobierno. Al respecto, el honorable banquero Jorge Bueso Arias, en declaraciones otorgadas a Radio América, ha sabido captar el malestar ciudadano al respecto, al afirmar: “La causa más grande de muerte que tenemos en Honduras es la corrupción y no podemos estar a favor de ese flagelo... a los funcionarios les pido que no se aprovechen de esta crisis y del sufrimiento del pueblo para enriquecerse”.
La inseguridad jurídica, la práctica del soborno burocrático hacen que el inversionista nacional y extranjero se abstengan de arriesgar capitales en actividades productivas, optando por no invertir o hacerlo en actividades especulativas. Estamos encarando retos y desafíos de creciente gravedad y complejidad. De continuarse aplicando el cohecho, la secretividad y la exclusión, será prácticamente imposible poder alcanzar, con posibilidades de éxito, un plan de rescate y rehabilitación nacional, sin pretender, de nueva cuenta, manipular a los sectores participantes.
