élix María Samaniego escribió en el siglo XVIII una fábula en la que narra cómo los ratones habitantes de la ciudad de Ratópolis, convencidos de la necesidad de poner fin a las tropelías de un fiero minino llamado Miauragato, se reunieron en concejo para acordar medidas excepcionales para enfrentarlo. Uno de ellos propuso que le pusieran un cascabel en el cuello y así escuchando el ruido podrían escapar de él. Aunque la moción fue aprobada de forma unánime, luego ningún roedor se atrevió a llevarla a cabo. “El concejo se acabó como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo: lo aprueban. Hacen otro. ¡Qué portento! Pero ¿la ejecución? Ahí está el cuento”, concluía Samaniego.
Cuando el Poder Legislativo hondureño aprobó el 29 de marzo de 2016 el convenio fundacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) hizo como aquel congreso: todas las fracciones parlamentarias hablaron de las bondades del cascabel para acabar con el enorme felino de la corrupción. Pronto se vería que ponérselo no sería tan sencillo.
En medio de quejas reiteradas por la falta de aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y el contenido del nuevo Código Penal, la Misión perdía a su primer vocero apenas dos años después de la suscripción del convenio. Su partida ocurrió en medio de serias desavenencias con el secretario general de la OEA, lo que hizo que muchos de los detractores del ente anticorrupción desembolsaran su antipatía con el alto funcionario y enfilaran baterías contra la futura eficiencia de sus acciones. Olvidaron, sin embargo, que después de dos años de trabajo a paso redoblado, la Misión había logrado conformar un sólido equipo técnico que se entendía muy bien con la institucionalidad de investigación y persecución penal que había venido a fortalecer.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), creada en coordinación con el Ministerio Público, comenzó a interponer acciones penales contra actores políticos de variada categoría -diputados, exdiputados, exfuncionarios, funcionarios activos, familiares y personas particulares- a quienes consideraban responsables de múltiples delitos. Utilizando nombres sugestivos como Caja Chica de la Dama, Pandora, Red de Diputados, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Patuca III, Colusión, Corrupción y Narcopolítica, por citar los más conocidos, la Maccih y la Ufecic callaron y abrieron bocas por igual, haciéndose malquerer -nuevamente- por quienes sabían que de ser increpados en el futuro no podrían lanzar ninguna primera piedra.
Llegado el momento de renovar el convenio de la Maccih, ningún ratón estuvo dispuesto a poner el cascabel
(continuará)
