Honduras ha sido sembrada de mártires defensores de la tierra, del ambiente y del agua. Entre ellos, dos mujeres valientes fueron las que dieron el campanazo del horror ante el mundo, ambas asesinadas por balas impunes, que nadie olvidara.
Blanca Jeannette Kawas Fernández, fue ejecutada un 6 de febrero de 1995, una férrea activista a favor del hábitat. Cultivó con sus manos una batalla para detener la tala ilegal de madera y proteger los bienes naturales en la zona de la bahía de Tela, en la costa caribeña de nuestro país.
Este es el caso de la ambientalista Kawas, a quien aquella fatídica noche las balas asesinas le quitaron la vida, convirtiéndola en la primera ecologista mártir en Honduras, nación que ella tanto amó e instituyó; presidió la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (Prolansate), y promovió ante el Congreso Nacional de la República la creación de un parque nacional en la zona de Punta Sal. Denunció con ahínco y de manera constante la explotación ilegal de madera y los daños a diversas ecosistemas protegidos.
Por ese crimen, en el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Honduras por violar los derechos humanos, ordenando al Estado: aclarar la muerte de la activista ambiental, hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad, implementar una campaña nacional de concienciación acerca de la importancia de la labor de quienes defienden el hábitat y, por último, construir un monumento a la memoria de la mujer líder ambientalista.
En junio de 2010, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Estado pidió disculpas y reconoció su responsabilidad por el asesinato de Kawas. Su crimen aún se esparce en los vientos del olvido y el hedor de la impunidad.
En la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016, Berta recibió tres disparos de unos sicarios que acabaron con la vida de Cáceres, sus esfuerzos fueron gigantescos por evitar destrucción de varios pueblos ancestrales y la construcción del proyecto hidroeléctrico en el noroeste del país. Por su lucha fue merecedora del prestigioso Premio Goldman, 'el Nobel del medio ambiente'.
Berta Isabel Cáceres Flores era lideresa de la comunidad lenca y una definida defensora de los derechos humanos, llegó a organizar a los pueblos originarios, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el Río Gualcarque, sagrado para los pobladores y vital para su supervivencia; territorio que recorre, en gran parte, un camino ensangrentado desde hace muchos años: entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en Honduras. Más de 80 muertes tuvieron lugar en los últimos tres años en la región de Bajo Aguán.
Estas cifras son de esos años donde la decidida Berta arriesgaba la vida, y hoy el filo de la navaja aún persiste su amenaza a través de una persecución sistemática a la cual se enfrentan todos los defensores del ambiente en este país disecado y absorbido por las aguas contaminadas de despotismo. Desde aquel mes de marzo del 2016 que sucedió ese crimen, apenas se asomó un poco la lectura de sentencia a cincuenta años de prisión, solo contra 4 de los 7 implicados en la muerte de la ambientalista, y a otros a 30 años de cárcel.
Hubo culpables, pero no justicia ni verdad, se supo quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron por ver correr la sangre como un río en las riveras de la arbitrariedad desbordante de júbilo y placer bajo el frondoso árbol de la impunidad.
Los ambientalistas son una especie en peligro de extinción, un blanco entre el verde espesor de la inmensidad, un trofeo de caza, una exótica complacencia para ver correr dinero envés de agua; agua de “justicia” utilizada para lavar tanta sangre de la memoria, pero que también se convierte en un riego en la esperanza de cada uno de nosotros, al sembrar paz y justicia en las raíces que germinan en nuestra conciencia.
Blanca Jeannette Kawas Fernández, fue ejecutada un 6 de febrero de 1995, una férrea activista a favor del hábitat. Cultivó con sus manos una batalla para detener la tala ilegal de madera y proteger los bienes naturales en la zona de la bahía de Tela, en la costa caribeña de nuestro país.
Este es el caso de la ambientalista Kawas, a quien aquella fatídica noche las balas asesinas le quitaron la vida, convirtiéndola en la primera ecologista mártir en Honduras, nación que ella tanto amó e instituyó; presidió la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (Prolansate), y promovió ante el Congreso Nacional de la República la creación de un parque nacional en la zona de Punta Sal. Denunció con ahínco y de manera constante la explotación ilegal de madera y los daños a diversas ecosistemas protegidos.
Por ese crimen, en el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Honduras por violar los derechos humanos, ordenando al Estado: aclarar la muerte de la activista ambiental, hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad, implementar una campaña nacional de concienciación acerca de la importancia de la labor de quienes defienden el hábitat y, por último, construir un monumento a la memoria de la mujer líder ambientalista.
En junio de 2010, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Estado pidió disculpas y reconoció su responsabilidad por el asesinato de Kawas. Su crimen aún se esparce en los vientos del olvido y el hedor de la impunidad.
En la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016, Berta recibió tres disparos de unos sicarios que acabaron con la vida de Cáceres, sus esfuerzos fueron gigantescos por evitar destrucción de varios pueblos ancestrales y la construcción del proyecto hidroeléctrico en el noroeste del país. Por su lucha fue merecedora del prestigioso Premio Goldman, 'el Nobel del medio ambiente'.
Berta Isabel Cáceres Flores era lideresa de la comunidad lenca y una definida defensora de los derechos humanos, llegó a organizar a los pueblos originarios, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el Río Gualcarque, sagrado para los pobladores y vital para su supervivencia; territorio que recorre, en gran parte, un camino ensangrentado desde hace muchos años: entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en Honduras. Más de 80 muertes tuvieron lugar en los últimos tres años en la región de Bajo Aguán.
Estas cifras son de esos años donde la decidida Berta arriesgaba la vida, y hoy el filo de la navaja aún persiste su amenaza a través de una persecución sistemática a la cual se enfrentan todos los defensores del ambiente en este país disecado y absorbido por las aguas contaminadas de despotismo. Desde aquel mes de marzo del 2016 que sucedió ese crimen, apenas se asomó un poco la lectura de sentencia a cincuenta años de prisión, solo contra 4 de los 7 implicados en la muerte de la ambientalista, y a otros a 30 años de cárcel.
Hubo culpables, pero no justicia ni verdad, se supo quiénes apretaron el gatillo y quiénes los encubrieron, pero no quiénes pagaron por ver correr la sangre como un río en las riveras de la arbitrariedad desbordante de júbilo y placer bajo el frondoso árbol de la impunidad.
Los ambientalistas son una especie en peligro de extinción, un blanco entre el verde espesor de la inmensidad, un trofeo de caza, una exótica complacencia para ver correr dinero envés de agua; agua de “justicia” utilizada para lavar tanta sangre de la memoria, pero que también se convierte en un riego en la esperanza de cada uno de nosotros, al sembrar paz y justicia en las raíces que germinan en nuestra conciencia.
