El más reciente reconocimiento internacional a la desigual defensa comunal de sus recursos naturales y la calidad de vida ha recaído en Miriam Miranda al otorgársele el Premio Derechos Humanos 2019 de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania.
Ella es dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), que vela por el bienestar y dignificación de los pueblos garífunas de nuestra costa norte, que enfrentan “amenazas como el desplazamiento y el robo de tierras, el narcotráfico y el cambio climático”.
Miriam “ha destacado también por su lucha en favor de la vida y los derechos humanos de las mujeres... No ha sido fácil, por su trabajo ha tenido que enfrentar persecución, detenciones, torturas y hasta secuestros por parte del gobierno hondureño”. (“Miriam Miranda, Premio de DDHH 2019”, Editorial EL HERALDO, 30 de noviembre de 2019, p. 24).
Quienes inclaudicablemente denuncian la usurpación de los bosques, aguas, tierras, de propiedad comunitaria, no solo son satanizados, denunciados o encarcelados, también son ejecutados. Decenas de indígenas, afrohondureños y mestizos han perecido a manos de sicarios contratados por poderosos intereses extractivos que, al amparo de licencias ambientales amañadas, explotan irracionalmente recursos naturales del suelo y subsuelo que ancestralmente son de propiedad colectiva, no privada.
Las justificaciones esgrimidas por el expansionismo depredador y contaminante arguyen que el progreso y desarrollo no pueden estar supeditados a consideraciones comunitarias. Pasan por alto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos jurídicos que contemplan consultas previas a la explotación de los recursos naturales comunales.
Quien crea que a partir del asesinato de Bertha Cáceres se detuvo el homicidio de ambientalistas hondureños (as), está lamentablemente equivocado. Las ejecuciones han continuado imparables, casi todas amparadas en la impunidad.
Tal como concluye el “Estudio diagnóstico sobre la situación de la tierra de los pueblos indígena y garífuna”, por Donaldo Ochoa Moreno, por encargo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “hasta hoy, el Estado de Honduras no ha tenido una política definida de protección y desarrollo, clara, contundente y global, que sea congruente con las aspiraciones de estos pueblos, y en el marco de la legislación nacional e internacional que regula sus derechos: por el contrario, terratenientes ladinos, políticos, militares, empresarios y madereros se han enriquecido y se siguen enriqueciendo con las tierras y demás recursos que legítimamente pertenecen a los indígenas, pese a las incontrolables acciones de protesta y reclamo judicial que han emprendido estos pueblos en defensa de sus patrimonios territoriales y la suscripción de convenios, lo que ha generado grandes conflictos con un costo social significativo con persecución, encarcelamiento, y pérdidas de valiosas vidas humanas” (p. 245). ¿Hasta cuando?
