Históricamente en Honduras los concursos para plazas en educación fueron siempre manipulados, después de 2009 han sido de lo peor. No sé a que horas los dirigentes magisteriales creyeron que en el actual gobierno pudiera desarrollarse un proceso de selección docente transparente.
Después del golpe de Estado de 2009, casi todo con origen gubernamental está salpicado de corrupción y mala intención. El porcentaje alto de reprobación en los concursos para optar a plazas en el sistema educativo gubernamental confirma que el principal reprobado es el gobierno hondureño.
Deja como principal lección la certeza de una permanente intención de desprestigiar al magisterio y la comprobada situación de indefensión de los docentes. Las organizaciones magisteriales, principalmente el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), están autodestruyéndose con sus conflictos internos en los que es evidente la infiltración de intereses políticos gubernamentales.
La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con su carrera de Pedagogía, son las instituciones que deberían dirigir este proceso de concurso de educadores, principalmente en lo que corresponde a la formulación de las pruebas que se aplican. Sin embargo, el gobierno hábilmente ha logrado hacer ver a estas instituciones formadoras de docentes como incapaces de formar con excelencia a sus egresados.
El alto índice de reprobación y la dirigencia magisterial pusilánime, con falta de prestigio, sin creatividad para la lucha, asegura al gobierno seguir nombrando políticamente a los docentes, violentando el derecho a la estabilidad laboral.
En los últimos diez años, el gobierno no ha generado presupuesto para nuevas plazas docentes, paradójicamente se han cancelado muchísimas, principalmente las que corresponden a funciones técnico docentes como consejerías, orientadores, jefes y asistentes de área, además del cierre de bibliotecas, aulas de educación especial, entre otras.
El porcentaje alto de reprobación en las pruebas de concurso para nombramientos en el sistema educativo confirma que el gobierno está aplazado con insuficiencia en lo que a educación respecta.
Lo mismo puede decirse de las organizaciones del gremio magisterial, aplazadas por legitimar una acción gubernamental que no necesitaba profetas para estar seguro que tenía como principal fin desprestigiar al magisterio y justificar la continuidad de un mecanismo de ilegalidad y negación de derechos a esos veinticuatro mil profesionales de la educación, que unidos podrían dar una gran lección de lucha para reivindicar el sistema educativo, exigiendo al gobierno la urgente inversión para la creación de nuevas plazas en educación. Lo peor de todo esto es la alta carga demagógica al publicitar un proceso de concursos para plazas que no existen, y que aunque la mayoría hubiera aprobado no hay donde nombrarlos.
Las pocas plazas existentes ya están ocupadas por personal interino que ha ganado derechos y, en el caso de educación media, por docentes que aún no tienen completa su carga de horas clases, a las que la ley les da derecho y en las que se les ha venido nombrando de manera interina desde hace varios años.
