Hasta hace poco, los ladrones de la administración pública se cuidaban cubriendo apariencias, aprovechaban los resquicios que tenían las leyes o en todo caso, recibían coimas sin dejar huella.
Recibir una dádiva por una compra, una concesión o una ley aprobada en el Congreso Nacional era casi normal y pocos sentían remordimiento de conciencia cuando lo hacían. Hoy, eso, aunque se sigue haciendo, ya no es lo fundamental, han aparecido y con más frecuencia, otras formas de saquear el Estado, son los que hacen arreglos a la normativa vigente para sustraer recursos públicos directamente, recursos que bien pudieran servir para atender las necesidades en educación, salud y otras urgencias que tiene la población.
Los diputados, excepto una minoría, son especialistas en inventar fórmulas para robar. Lentos en propuestas para legislar en favor del pueblo pero listos en el asalto a las gavetas del Estado.
Es una red, se han dividido el trabajo, a los más mostrencos les asignan el papel de proponer leyes o reformas a las que existen para atracar los recursos del pueblo, los directivos del órgano legislativo aparecen agazapados, como diciendo yo no fui, fue teté. Eso sí, atentos para salir en defensa de sus intereses ante los medios de comunicación para justificar todo tipo de excesos.
El bastión de la impunidad, lo toral, lo más grueso de toda la legislación ha sido la aprobación del Código Penal, ese código al que se le va a someter a la vacatio legis, por la presión de los diferentes sectores de la sociedad hondureña y se corre el riesgo que al final del período para el cual se hizo la declaración de prórroga para su aplicación la ley quede como está o con ligeras modificaciones que en nada cambiarán el sentido y naturaleza del mismo.
Es sorprendente como esa ley ha sido defendida por los diputados, especialmente los diputados del partido gobernante y su consorte, la parte del Partido Liberal que se ha hecho un nudo con el partido gobernante en la aprobación de reformas y leyes de la impunidad.
Este círculo vicioso de abusos está cerrando con la aprobación de una ley, cuyo título rimbombante, extenso y estrafalario de Ley Especial para la Gestión, Asignación, Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales no tiene otro propósito que hacer a un lado la función que ha venido haciendo la Ufecic-Maccih en la investigación y promoción del castigo de la corrupción.
Lo que está ocurriendo en Honduras en materia de corrupción es dramático, no solo por los alcances de lo robado al pueblo, lo es también por el descaro, desfachatez y frescura de los personeros que desde las diferentes instancias del gobierno se dieron a la tarea de enriquecerse con los dineros públicos. Es una nueva forma de acumulación de riqueza. Muchos de los que hoy ocupan una curul en el Congreso hace poco no disponían de recursos, ahora son potentados, dueños o socios de empresas y haciendas. En sus comunidades eran unos don nadie, hoy son unos don alguien. Se les conoce como fachentos.
