Existe capacidad en los operadores de justicia para lograr sus objetivos, pero les es indispensable el aval, si no técnico, sí político, de la Misión.
La determinación para sabotearles, que la impunidad de los responsables de delitos de cuello blanco reforzó, será insuficiente para impedir la renovación en similares condiciones que las actuales, del Convenio con la OEA para la Maccih. Aunque no alumbre más la luz de las Antorchas ni podamos contar, por ahora, con una oposición responsable, coherente y orgánica, que nos es tan necesaria.
Claro que se preferiría que fueran puros hondureños, solos, quienes persiguieran el delito e impartieran justicia, que existiendo como existen jueces y fiscales altamente calificados y comprometidos con su sagrado deber, no tuvieran que ser personas extranjeras las que impulsaran los métodos pertinentes. Es positivo que se denuncien las amenazas, pues ello alerta y produce denuncias y acciones tendentes a neutralizar cualquier intento, por débil que sea, de anular competencias e influencias de este organismo.
La Ufecic igualmente será preservada y hasta fortalecida, porque contrario a los embates antojadizos de que la hacen objeto, cumple con su deber y con el arrojo que es forzoso para hacerlo en contra de la corriente de un río embravecido como es el de la corrupción.
Treinta y cinco mil millones de lempiras anuales diluidos en corrupción es el cálculo modesto que develan instituciones confiables como el Fosdeh. Muchos más analfabetas y enfermos, menos esperanzas y oportunidades que han resultado en una migración lacerante para cualquier conciencia ciudadana que no puede justificar en cada compatriota ausente otra potencial fuente de ingresos.
La Maccih y la Ufecic tienen que ser fortalecidas. No queda de otra. Y ya dejen en propiedad a la Dra. Ana María Calderón. No se entiende por qué no lo hacen.
