El modo de comprender las reformas electorales determina la actitud ante las mismas. Se basa en lo que se piensa, la experiencia y la expectativa sobre estas, y genera diversas dimensiones y reacciones sobre su aprobación en tiempo, fondo y forma.
Todos deberíamos acompañar “un brindis por las reformas electorales” porque los actores políticos están promoviéndolas y urgiéndolas, y aunque se perciban demoradas en tiempo, si las vemos en su justa dimensión como un proceso, se han obtenido fructuosos y sensibles resultados con mesas del Diálogo Nacional mediado por la ONU, acompañamiento técnico de OEA y sociedad civil, voluntad política y disponibilidad financiera de la comunidad internacional.
Estos resultados son logros de actores políticos claves que con decisiones y acciones convergentes y divergentes terminan dando curso constructivo a las reformas, las que, como proceso de mecanismos y comportamientos con intereses específicos, finalizan en beneficios comunes como nuevas reglas de juego a nivel normativo e institucional.
Además de los orígenes y las causas de las reformas electorales, que bien son un objeto de estudio, lo más importante es que este cambio está siendo motivado por líderes políticos que están escuchando una demanda social, además de que también hacen valer los intereses partidistas, y esta conjugación de intereses se traduce en resultados cooperativos que favorecerán sobre todo la confianza en el sistema político electoral.
Desde la legislatura 2016, en vista del proceso electoral del 2017 hasta este año 2019, las dimensiones y reacciones de los actores políticos claves sobre la aprobación de las reformas electorales han sido más notorias e influyentes al grado de también se han aprobado reformas constitucionales. Las reformas al sistema político electoral vistas en su justa dimensión como un proceso además de un fin, ponderan la aprobación de la Ley un Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, reformas al Registro Nacional de las Personas y un sistema de financiamiento de las campaña y rendición de cuentas con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
