Siempre hubo sospechas, temores, denuncias, que el juicio para encarcelar al expresidente brasileño Inacio Lula estaba carcomido por la venganza y la maquinación. Son públicos los chats que el juez y los fiscales encargados del caso usaron para complotar contra él, y resalta el peligro de “guerra jurídica” para cualquier político de la región que estorbe.
También le llaman “lawfare”, una contracción de las palabras inglesas “law” (ley) y “warfer” (guerra), que resume la utilización infame de la justicia como arma política; el lanzallamas frecuente es la anticorrupción, ateniéndose al hartazgo de la población del saqueo del dinero público.
Es fácil: con pruebas verdaderas o no, se encausa a la víctima, con una colusión descarada entre los operadores de justicia; aunque el caso sea nimio, intrascendente, se magnifica y a través de ruedas de prensa y comparecencia en medios de comunicación desprestigian y destruyen
a la persona.
Estamos claros que hay centenares de casos reales y escandalosos de malversaciones y robos, que desafortunadamente solo unos pocos logran llegar a tribunales, pero la atmósfera de lucha anticorrupción permite camuflar el “lawfare”, y a veces cuesta distinguir una cosa de la otra.
Infinitas publicaciones en la red explican esta práctica, que incluye la “capacitación” de jueces y fiscales, creación de organismos de sociedad civil y oenegés vinculados a la justicia, y la intervención subyacente en la Corte Suprema y el Ministerio Público por
otro país.
En casi todo el continente el “lawfare” se ha utilizado para atacar a los incómodos políticos de izquierda, sobresalen, por supuesto, los presidentes, pero son cientos de casos; eso sí, también han sido víctimas muchos políticos de derecha o liberales que desentonaban con el concierto del momento.
Brasil es un caso de perplejidad y solo empezamos a conocerlo: el juez Sergio Moro, encargado de juzgar a Lula (supuestamente neutral) intercambiaba chats con los fiscales acusadores (supuestamente neutrales) para recomendar acciones y orientar la acusación, porque el expresidente era el favorito para ganar las elecciones.
El expediente débil y tramposo sirvió para darle a Lula doce años y un mes de prisión, por recibir presuntamente un lujoso apartamento como soborno; le prohibieron dar entrevistas y torpedearon a Fernando Haddad, su sucesor en el Partido de los
Trabajadores (PT).
Al final ganó la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro, y descaradamente premió al juez Sergio Moro nombrándolo como ministro de Justicia, y con la intención de meterlo como magistrado en la Corte Suprema el próximo año.
La judicialización de la política es la persecución sin detenciones ilegales, torturas, desapariciones ni golpes de Estado; cualquiera puede ser víctima, un exfuncionario o uno actual, depende de las próximas elecciones. La democracia sigue siendo
un mito.
