El comunicado emitido recientemente por la Conferencia Episcopal expresa, entre otros temas, que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación y la corrupción. Muchos estamos de acuerdo con lo anterior.
También indican que hay otros focos de conflictos como ser la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, las decisiones del Ejecutivo en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía y en los de transporte. Opinan que muchos conflictos se agravan por la forma incorrecta con que actúan los poderes del Estado, en algunos casos por ser los causantes de los problemas y, en otros, por no saber resolverlos con los recursos propios de una democracia participativa.
Todo lo anterior viene al caso por los conflictos generados entre el gobierno y la denominada Plataforma para la Transformación de la Educación y la Salud, integrada por médicos y maestros, con el objetivo original de lograr la derogación de dos decretos ejecutivos, que a criterio de la Plataforma darían lugar a la privatización de la salud y la educación y al despido de gran número de empleados.
Lamentablemente, las manifestaciones supuestamente pacíficas de los gremios han sido infiltradas por activistas políticos y por vándalos/delincuentes que se han aprovechado para provocar el caos, atentar contra la propiedad privada y provocar el miedo y la incertidumbre en los ciudadanos que necesitan movilizarse diariamente.
Ahora resulta que el gobierno aceptó suprimir los decretos en controversia y ha llegado a algunos acuerdos con una parte de los gremios magisteriales, mientras que los integrantes de la Plataforma han planteado demandas adicionales para sentarse a las mesas de diálogo, indicando que mientras tanto seguirán con sus manifestaciones.
En los primeros acuerdos anunciados por el gobierno con los maestros, resalta que los mismos contienen medidas pecuniarias y de otra índole para beneficio de los mismos gremios; para el caso, suprimir las deducciones del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario por parte del Inprema. Esto no hace sentido porque para recibir dichos beneficios una vez jubilados se debe haber cotizado, de lo contrario alguien tendrá que pagar la cuenta.
La Conferencia Episcopal, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil han expresado que para resolver estos conflictos se requiere de un diálogo franco, honesto y que tenga como objetivo beneficiar a la mayoría de la población. Esto significa estar abiertos a escuchar a la otra parte y no cerrarse en posiciones dogmáticas. No es con la violencia y con el vandalismo que se resolverán los problemas de Honduras, antes bien lo que se provoca es la confrontación y la incertidumbre, que son anatemas para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.
Insistimos en que lo que debe primar es la búsqueda de transformaciones, tanto en educación como en salud, que sean de beneficio para todos los hondureños que dependen de estos servicios y no usar sus falencias como escudo para buscar el beneficio particular u otros intereses obscuros.
