Lo he señalado en varias oportunidades el abandono en que había caído la Iglesia Católica en temas que tienen que ver con los problemas sociales y económicos de nuestra sociedad. No es necesario que la Iglesia asuma una posición ideopolítica de algún signo, como lo han hecho algunas iglesias en los países vecinos, que han sustituido a las organizaciones políticas en su afán de derrocar a algunos gobiernos.
La Iglesia debe acompañar y mediar en la solución de los conflictos que se presentan, procurando la búsqueda del bien común por encima de intereses de grupos. Fijar una posición en favor de grupos que arbitrariamente se han constituido en fuente de poder al final puede inclinar la balanza de la justicia en detrimento de los más necesitados. Es alentador el pronunciamiento emitido por los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), al celebrar la Asamblea Plenaria los días 3 al 7 de junio del presente año, con la intención de asumir compromisos que deben ser compartidos con la feligresía. En el pasado, la Iglesia Católica desempeñó un papel activo en la mediación en conflictos de la sociedad. No queda ningún problema importante por los cuales atraviesa la nación que no sean señalados por la jerarquía eclesiástica. Problemas que van desde el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud, la corrupción; tampoco escapa de la crítica la forma de legislar del Congreso Nacional de la República, de igual manera queda en la lupa religiosa las decisiones del Ejecutivo, la crisis de las instituciones del Estado, los deficientes y costosos servicios de agua y energía eléctrica, transporte.
Sin compromiso con las cúpulas gobernantes se critica la constante violación de la Constitución de la República, dándole la espalda al pueblo. Urgen de un poder electoral que garantice la transparencia, se señala la quiebra de las empresas del Estado como resultado de la corrupción, se critica de igual manera la parálisis de la economía y la venta de nuestros recursos naturales, se objetan las reformas al Código Penal, que lo único que hace es convertirlo en instrumento de impunidad.
Se reivindica la necesidad de recuperar los valores en conceptos como el respeto a la ley, respeto que deriva de la aprobación de normas justas y la creación de un sistema educativo que eduque en el conocimiento y sujeción a las leyes. Se valora la necesidad de recuperar la confianza en una coyuntura negativa en la cual se han perdido las creencias. Extrañamente, los responsables directos de los señalamientos que hace la Iglesia han adoptado una posición evasiva de “yo no fui, fue tete”, otros han corrido a decir que “es un llamamiento a la reflexión”, tratando de impresionar a la opinión pública y olvidándose que han tenido muchos años para esa llamada reflexión.
El mérito de la Declaración es que no se inclina a favor de ninguna institución partidaria, entiende la Iglesia, a nuestro juicio, que responsables son todos los que de alguna manera forman parte de un sistema económico y político que ha tocado fondo.
