La intención parece buena, seguro lo es. Pero que el narcotráfico, la corrupción y demás pestes se acaben o al menos se vean reducidas con la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, es incierto.
Aunque compatriotas pretendan congraciarse haciendo de comparsas, desconocidas las razones, no es que necesariamente llegue a lograrse alguna incidencia en la represión del delito, como lo alegan los organismos prescriptores de la normativa. A alguien allende los siete mares se le ocurrió que podía ser efectivo el mecanismo por el cual delincuentes delatan delincuentes y el que lo haga primero y delate más, sale mejor. El más astuto, el más osado, sale bien librado. No el más arrepentido, el que devuelva todo lo esquilmado al Estado o el que compense por los daños colaterales de su tráfico de influencias o de estupefacientes, sino el más raudo y veloz y el más bocón. Por que, ¿por qué extranjeros bien remunerados prescriben tales o cuales leyes, hay connacionales que aceptan sin cuestionamientos de ninguna naturaleza sus indicaciones? ¿Qué nos conviene? ¿Cómo lo sabemos? El principio, sin ser denominado como tal, se ha venido aplicando. Sin siquiera enmarcarse en el criterio de oportunidad, que sí está legalizado en el Código Procesal Penal. En las tertulias sobresalen con sorpresa las anécdotas sociales de un grupo al margen de la ley a quienes llaman tatas, tetes, totos o algo parecido, como principales exponentes del desfalco del IHSS, quienes, por la gracia de alguien, de Dios no, delataron primero y quedaron en la total impunidad. Celebran su buena fortuna sin límite, fueron clasificados como testigos protegidos. Y sin necesidad de aprobación de nuevas leyes, de real beneficio únicamente para los consultores extranjeros contratados, para sus promotores por algo y para quienes sean más rápidos en aprovecharlas. El Congreso Nacional debe asegurarse de que una Ley de Colaboración Eficaz en efecto combata el crimen, no que lo promueva, generando mayor impunidad.
