El retiro de dos decretos relativos a la reestructuración de los sistemas sanitario y educativo por parte de la directiva del Congreso Nacional ha significado un innegable costo político para sus patrocinadores.
Subestimaron el grado y profundidad del descontento gremial respecto a su contenido, incluyendo la cláusula ambigua que otorgaba poder discrecional a sus ejecutores.
Creían, inicialmente, contar con el suficiente número de votos para su aprobación, incluyendo los de la oposición obsecuente con el oficialismo, para transformarlos en ley.
Fue únicamente cuando la alianza se desmoronó -con el retiro del inicial respaldo liberal y el de los partidos pequeños- que finalmente se percataron que la “correlación de fuerzas” se había revertido, que desistieron del objetivo inicial.
Dicho estilo legislativo, el presentar hechos consumados al pleno, en un único debate -dispensando el segundo y tercero y a matacaballo, sin previo análisis y discusión, aún tratándose de legislación con amplios alcances y repercusiones de diverso tipo, es lo que provocó -en primera instancia- la reacción de una parte de los diputados y, eventualmente, protestas callejeras a escala nacional, reprimidas con saldo de heridos de bala e inhalación de gases lacrimógenos, más la destrucción de propiedad pública y privada, acciones que deben ser condenadas.
Esa ausencia de indispensable transparencia en el seno del Poder Legislativo, más el exceso de poder que el reglamento interno otorga al Presidente de la Cámara Legislativa, provoca, reiteradamente, abusos de poder generadores de airadas reacciones y movilizaciones populares.
Ya lo señaló el economista y sociólogo Julio Raudales: “...queda claro que la eficacia en la aplicación de las políticas públicas de cualquier índole está determinado por la percepción de legitimidad que la ciudadanía tenga de sus autoridades... Se acabaron los tiempos en que las decisiones eran impuestas desde el centro, lo que digan los grupos organizados debe ser tomado en consideración o no se hará” (La Tribuna, 4 de mayo de 2019, p. 4).
El recurso al autoritarismo, imposición y secretividad continúan intactos, como lo ha sido a lo largo de nuestra historia política, como estilo y estrategia de gobernar.
Esa falta de cálculo y visión respecto a la airada reacción de amplios sectores sociales conlleva un deterioro para el partido hoy en el poder y para un aspirante a la presidencia de la República, independientemente de la necesidad de reestructurar ambos rubros, salud y educación, vitales para el bienestar y superación en conocimientos de la población.
¿Por qué no se utilizan los análisis y planes anteriormente elaborados al respecto por agencias estatales, el Foro Nacional de Convergencia, la Fundación Ricardo Maduro? Todos ellos arrojan diagnósticos y propuestas que no pueden ser ignoradas ni desestimadas.
