En mayo 2018 cayó una tormenta como presagio de lo que vendría después, tras el anuncio de las dos cámaras que forman el Congreso de los Estados Unidos, que acordaban la aprobación de una ley que obligara al Secretario de Estado a comunicar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas.
El acuerdo especifica que deben ser publicados los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador acerca de la información que existe.
Fue así que la modificación a una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata, Norma Torres. En la primera versión, eran el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a advertir al Congreso; con la reforma el asunto pasa ya al primer nivel ministerial y se convierte en tema de política exterior estadounidense. Sin embargo, son tres listas las que el secretario de Estado debe presentar en un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en las tres naciones del Triángulo Norte de la saqueada Centroamérica. El Departamento de Estado deberá nombrar también a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades” en los últimos dos años. Además, deben elaborar otro registro correspondiente a los candidatos que hayan recibido ese tipo de apoyo. No será una situación cómoda para muchos personajes oscuros que han encontrado la cueva de las virtudes delictivas en la política, eso incluye presidentes, ministros, diputados y otros que por años han vivido de los favores del crimen organizado. Así es el esquema crudo durante las campañas electorales en esta región y eso abarca con sus tentáculos a decenas de colaboradores y exfuncionarios que enfrentan cargos criminales y civiles por corrupción, enriquecimiento ilícito e incluso lavado de dinero.
La embajada estadounidense ha retirado visas a varias personas, entre funcionarios y financistas privados de campañas por sospechas de delitos o actos de corrupción, que en muchos casos no ha sido una caja de Pandora, porque ya se sabe quienes son los acusados. La lista es una política de defensa y un mensaje muy importante de que EE UU va a hacer todo lo que esté en sus manos, enfocándose en que exista paz, seguridad y gobernanza a fin de evitar la migración y la forma de hacerlo es atacando este fenómeno. Esto, por supuesto, genera una mecánica importante con un mensaje claro de que la lucha contra la corrupción va en serio y que la política de EE UU le está dando mayor fuerza a este tema, sin importar las ideologías que disfrazan todo como agresión e intromisión. La lista está y no es la que circula en el aire de los rumores, esa es la misma que algunos involucrados hacen correr en tiempos de tormentas apaciguadas por la “inocencia” de la su fortuna amasada en el silencio de sus crímenes… Pero eso es otra lista.
