Dígase, con criterio científico, que el país está en el resumidero del desprestigio internacional ya que los escándalos por corrupción traspasan las fronteras y humillan a la sociedad.
Esta es una afirmación irrefutable y sin malicia política que comparten todas las capas sociales de la población: campesinos, obreros, media, pudientes honestos y empresarios, quienes reclaman correcciones, excepto aquellos que padecen del mismo mal. Es como un gran referéndum.
Pero el deterioro es mayor pues comprende todos los ángulos del desarrollo. Los índices más graves y reveladores, los de miseria y pobreza, se mantienen o crecen tras casi una década del golpe de Estado ––década de ejercicio neoliberal–– y tornan obsesiva a la clásica pregunta: ¿cómo una república con tanta riqueza natural subsiste en viciosa marginación económica…? Y la respuesta es también obsesivamente la misma: por los administradores que tuvo y tiene, incapaces e ineficientes hasta 1990, y luego más crueles y malignos desde ese año pues deliberada y conscientemente escogieron entonces un modo de gobierno que sabían profundizaría tanto la injusticia como la desigualdad.
A partir de entonces el mapa luce en rojo, seña de crisis, pues además de deficiente e insuficiente, el sistema de salud se halla en precario de médicos, medicamentos, cobertura y servicios técnicos; los escasos centros asistenciales del país no progresan hace décadas y no se ha vuelto a inaugurar un hospital regional en ninguna área patria, a pesar de las necesidades. La escuela pública tiene atrasos de edificación, de metodología, contenido y capacitación magisterial no solo a escala centroamericana (lejos de los logros de Costa Rica) sino mundial, ya que aún hay edificaciones con maestro único, con piso de barro y sin techo. La niñez, semilla del futuro, carece de él.
ONU aplazó al presente gobierno y nos considera, después de Haití, la segunda nación más atrasada e inequitativa del continente; la más vulnerable al cambio climático y desastres naturales, para los que no hay prevención. Aplazado en transparencia y derechos humanos, particularmente con los asesinatos no resueltos (y demorados) de resistentes, ambientalistas, periodistas y particularmente de una dirigente indígena con presencia internacional, cual fue Bertha Cáceres; aplazado en infraestructura vial y urbana, que exhibe rangos técnicos de 1960; en respeto a niños y jóvenes, en protección de trans, en seguridad comunitaria, en oferta habitacional (el déficit es de un millón cien mil viviendas), en los objetivos del milenio, en las nuevas metas globales, en inversión social, en seguridad ciudadana, en organización popular y en educación formal e informal.
En cambio somos primeros, dentro del istmo, en adquisición de armamento, creación de batallones y fuerzas especiales, espionaje telefónico y radial, corrupción del ejecutivo, del congreso, ministerial, policial y empresaria, siempre en el ámbito de CA, así como en creación de hipotecadas urbes enclave (ZEDE) y volúmenes de concesiones y exenciones (L 36 mil millones al año) a la ambición privada. Y mayormente en circulación y traslado de drogas, cosa que exige y requiere infraestructuras internas de apoyo (¿o es que el hermano de Juancito operó por diez años solo…?).
El deterioro es crítico y costosamente reversible; quien pagará la maldad de los pícaros somos nosotros, ciudadanos de a pie, de bus y auto de segunda mano. Pero para prevenir que la nave más se hunda apresurémonos a tirar por la borda a los incapaces, echar al zángano corrupto y construir nación. Es la tarea patriótica más urgente.
