Vino a la ciudad con la idea de prosperar, no traía nada material, unos amigos le dieron donde vivir; pensó que su asenso social podría estar en los estudios y eso hizo, se matriculó en la UNAH, en ese centro educativo fue reclutado por algunos de sus compañeros por su capacidad de comunicación, lo incorporaron, primero para el frente estudiantil y luego para la organización política que hacía labor de proselitismo en la institución.
Aun en su condición de estudiante logró colocarse en la administración pública. Su vertiginosa carrera en la burocracia estatal lo llevó a ocupar una diputación en el Congreso Nacional de la República. Desde ahí empezó a negociar propuestas e iniciativas de leyes que favorecían a empresarios, por lo cual era recompensado, aprovechó la política de subsidios que tenía el Congreso Nacional de la República, cuyos controles eran casi inexistentes. De esta manera, el Estado interventor se convirtió en el Estado intervenido y saqueado en sus finanzas públicas, dinero que era destinado para obras sociales era desviado para engrosar la bolsa del inescrupuloso y ambicioso político.
Esas experiencias, hoy en día, se repiten en condiciones similares. Ahí están diputados que hasta hace poco se les conocía en el barrio o en el municipio como ciudadanos de escasos recursos económicos y hoy son propietarios de negocios, haciendas, medios de transporte y de comunicación. Viven como potentados, vacacionando en los mejores lugares turísticos, construyendo viviendas con material exótico traído de Europa y de otras partes del mundo, mandando a sus esposas y amantes para que sean atendidas en sus trabajos de parto a Estados Unidos para que sus hijos tengan esa nacionalidad que los aparte de la vida que ellos llevaron en sus primeros años de existencia en un país pobre como el nuestro.
Lo relatado no solo es válido para los padres de la patria, lo es para los funcionarios del Estado que han visto en el tesoro público la forma más cómoda de hacerse de dinero.
Y cuando los recursos del Estado se volvieron insuficientes, recurrieron a los contactos especiales para relacionarse con negocios ilícitos, porque el afán por la riqueza es infinito y solo puede ser limitado por un Estado fuerte, con una legislación al servicio de la nación, con funcionarios judiciales probos y un sistema de investigación, judicialización y castigo ejemplar.
Ahora que, gracias a la cooperación internacional -porque nada de lo que está ocurriendo ocurriría si no fuera por la presión de la Maccih y gobiernos extranjeros-, se dan algunos pininos en acciones contra miembros del sistema político hondureño y de sus organizaciones partidarias, estos, los políticos, pegan el grito al cielo por la intervención del Estado en el aseguramiento de bienes, cuando ellos han mantenido secuestrado el Estado para su propio beneficio.
Que el país se ponga de pie, de manera permanente en combate a la corrupción, será una tarea gigantesca que todavía no se avizora. Hay temor que cuando los cooperantes quiten el acelerador para que se combata la corrupción, todo volverá a lo mismo.
