La corrupción comprobada ha significado no solo el fin de la carrera política de Mariano Rajoy, sino también el eclipse del Partido Popular al frente del gobierno hispano.
La crisis de credibilidad ciudadana respecto a las dos principales agrupaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, ha permitido el surgimiento de dos nuevas fuerzas políticas: Podemos (izquierda) y Ciudadanos (derecha).
Ese desencanto se refleja en que el Partido Socialista Obrero Español apenas cuenta con 84 parlamentarios de un total de 350.
La brecha entre el discurso oficial y la dura realidad ha puesto al desnudo la hipocresía del discurso del Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.
El primero ha cultivado la imagen de ser el defensor de la moralidad pública y privada, de las “buenas costumbres”; el segundo se autoproclama defensor de las y los españoles menos favorecidos por la severa crisis que aún golpea a la juventud, a los desempleados y jubilados.
Debe resaltarse la independencia del Poder Judicial, que posibilitó la condena de 29 políticos y empresarios involucrados en el otorgamientos de lucrativos contratos de construcción a cambio de sobornos, canalizados hacia las arcas del Partido Popular y bolsillos privados -con cuentas secretas en Suiza-, y lavado de activos.
Rajoy fue llamado a los tribunales como testigo y su testimonio alegando desconocimiento de dichos pagos ilícitos dejó justificadas dudas respecto a la veracidad de su declaración, por lo que puede haber incurrido en perjurio.
Fue incapaz de resolver vía diálogo político los intentos del separatismo catalán por proclamar la independencia. Su estrecha visión legalista le impidió ver la totalidad de variables de ese anhelo emancipador de la región más rica de España.
Sus medidas de choque lograron superar, en lo macroeconómico, la severa crisis arrastrada durante años, sin implementar medidas sociales de alivio.
La coalición partidaria que hizo posible la destitución de Rajoy como primer ministro y su reemplazo por Pedro Sánchez, con una votación de 180 a favor y 169 en contra del voto de censura, es precaria: su estabilidad dependerá del respaldo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, a cambio de concesiones.
El actuar más democrático es la convocatoria en el menor tiempo posible a nuevas elecciones: que sea el soberano quien decida en las urnas el relevo gubernamental.
La corrupción ha provocado en otro país, en este caso España, un terremoto político. No será ni el primero ni el último caso.
