Las circunstancias excepcionales del ciclo electoral de 2009 –malestar y boicot de un sector de la ciudadanía, el desconocimiento internacional de las elecciones, la desconfianza e incertidumbre generalizada, entre otras- produjeron en la recta final de aquel proceso una inusual y poca acostumbrada visibilidad multipartidaria en los medios de comunicación y espacios públicos.
La necesidad (y urgencia) de legitimar el ejercicio electoral interna y externamente hizo que los candidatos presidenciales de los cinco partidos en contienda acudieran juntos a distintos lugares, medios de comunicación escritos, radiales y televisados, para presentarse a sí mismos y exponer las grandes líneas de sus propuestas partidarias.
Uno a uno desafiaron la incomodidad de compartir mesa, tribunas, fotos y foros con sus adversarios, tolerando hasta mensajes que hasta hacía poco habían provocado el clímax de la crisis política (como la de convocar una Asamblea Nacional Constituyente).
Gracias a esto, la población tuvo oportunidades inéditas de comparar a los contendientes en condiciones de relativa equidad, en contraste con el aire de desventaja que produce la avalancha de propaganda pautada por los dos grandes partidos históricos.
En 2013, con nueve partidos participando para la justa electoral, pocas veces tuvimos la posibilidad de ver juntos en un foro a los ocho candidatos presidenciales (dos partidos acudieron en alianza en este nivel electivo), pues predominaron las comparecencias individuales o las de sus voceros.
Aunque se enfrentaron entonces buena parte de las fuerzas antagónicas de 2009, no se pudo lograr un consenso de agendas como el de ese año; no obstante, sí hubo algunas iniciativas que hicieron coincidir a todos los aspirantes en un solo recinto, para que dieran la cara al electorado y la opinión pública en igualdad de condiciones, abandonando la tentación pragmática de convocar solamente a los que puntean en las encuestas.
Si bien la Ley de Política Limpia establece un principio de equidad de pauta televisiva, todavía es insuficiente para garantizar equidad en la difusión de propuestas por medios electrónicos. El país carece, por ejemplo, de una “franja electoral” o “franja política” en la televisión y radio (oficiales y comerciales) que brinde espacios iguales y sin ventajas para presentar sus planes y programas, a todos y cada uno de los partidos políticos.
La misma ley plantea que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe promover la firma de un convenio que incluya la posibilidad que los medios de comunicación privados otorguen espacios gratuitos para todos los partidos políticos.
En las circunstancias actuales habría que apelar a una voluntaria “responsabilidad social empresarial” para que eso fuera posible.
Ahora que empieza a haber control de las fuentes de financiamiento (públicas y privadas) en la política y un sistema de sanciones para quienes incumplan la nueva normativa, promover la equidad en la pauta televisiva y en otros espacios podría ser un aporte invaluable de los medios de comunicación en favor de un proceso electoral más transparente, justo y democrático.
