En estos tiempos modernos hemos aprendido a convivir con la tecnología, la que si es utilizada de forma positiva, puede producir resultados efectivos y en menos tiempo. Pero como el ser humano es propenso al mal, hay quienes también utilizan estas tecnologías para hacer de las suyas y violentar la ley. De allí que, entonces, nos encontramos con los ahora llamados ciberdelitos, definidos como las acciones ilegales que utilizan internet y los dispositivos que se ajusten a estas “necesidades”. Por lo que a la par de quienes buscan lucrarse con la ilegalidad de estos modos de operar, varios países deciden unirse y firmar en 2001 el Tratado de Budapest, que tiene como objetivo proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en internet, siendo a partir de este año que comienzan a generarse leyes, mejorar las técnicas de investigación e incrementar la cooperación internacional. No obstante, debe tomarse en cuenta que día con día la tecnología evoluciona de forma sorprendente, en tanto que la legislación se adapta de forma más lenta.
En Honduras, con la intención de dar tratamiento a este flagelo, en 2006 se crea la Ley Especial de Intervención de Comunicaciones Privadas, que incluye en su artículo 28 la facultad de convertir imágenes de video a imágenes fijas para su integración en el expediente, debiendo indicarse la fuente, así como la persona que realizó la conversión. Lo anterior nos lleva al decreto ejecutivo PCM-086-2020, que en su artículo 7, numeral 9, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública por medios electrónicos, regulando el uso de las TIC. Este mismo decreto reconoce la evidencia digital. Al ser esta última reconocida como tal, se vuelve necesario establecer procedimientos para su recolección, procesamiento y análisis, para así poder dar respuesta a los casos investigativos en relación a los ciberdelitos.
