Desde 2001 un grupo de expolicías que fue despedido por el exministro ya fallecido Gautama Fonseca vienen luchando para que se les reconozca sus derechos laborales; sin embargo, el Estado se resiste a pagar.
El caso fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la que en 2014 le dio la razón a los reclamantes y le ordenó al Estado hondureño pagarles una indemnización.
Cuatro años después, el Estado no ha cumplido con su obligación y cada vez le da largas a la situación. A la fecha el Estado tendría que cancelarles unos 500 millones de lempiras, correspondientes a salarios dejados de percibir en los últimos 17 años.
