Los países del subcontinente americano, reunidos en La Habana con ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), emitieron una importante declaración que reproducimos literalmente: “Declaramos a América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional”, solucionando de manera “pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región”.
Se incluye la renuncia a cualquier intento de desarrollar armas nucleares y a resolver disputas limítrofes mediante el uso de medios violentos.
Los antecedentes de este trascendental documento se encuentran en la iniciativa mexicana al impulsar el Tratado de Tlatelolco, mismo que a pesar de sus altos objetivos no hizo posible que se derramara sangre de naciones hermanas en más de una disputa territorial, por ejemplo entre Perú y Ecuador. Están latentes reclamos por tierras y aguas entre repúblicas vecinas, para el caso entre Venezuela y Guyana.
Afortunadamente, ha prevalecido la apelación a la diplomacia, siendo el más reciente ejemplo la controversia marítima entre Perú y Chile, la que ya fue resuelta jurídicamente por la Corte Internacional de Justicia, como también lo fue la suscitada entre Nicaragua y Colombia.
Honduras ya ha definido su soberanía en las aguas antillanas con Cuba, Colombia, Reino Unido (Gran Caimán), México, Nicaragua, estando pendiente con Guatemala y Belice.
Con relación a El Salvador, el Tratado General de Paz del 30 de octubre de 1980, al no alcanzar acuerdos en determinados puntos fronterizos, hizo que ambas naciones sometieron conjuntamente el diferendo pendiente a la decisión del más alto tribunal internacional con sede en La Haya, organismo que emitió la sentencia obligatoria para las partes en 1992.
Lamentablemente, los distintos gobiernos salvadoreños a partir de 1992 emplearon tácticas dilatorias respecto a la ejecución de la sentencia. Y en el año 2000, El Salvador y Nicaragua suscribieron acuerdos bilaterales relativos al Golfo de Fonseca orientados a desconocer los derechos reconocidos de Honduras en dicho golfo y sus espacios marítimos adyacentes más allá de la línea de cierre.
Igualmente, El Salvador acusó a Honduras de detentar el islote Conejo.
El vecino país se ha embarcado en una carrera armamentista que rompe el equilibrio estratégico del istmo y pone en precario la estabilidad y convivencia pacífica de la América Central.
Es de desear que todas y cada una de las repúblicas del hemisferio occidental den un definitivo adiós a las armas de destrucción masiva, convencionales o no, y logren zanjar cualesquier tipo de disputas apelando a la legalidad, teniendo en cuenta aquella famosa reflexión del prócer Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
